Por Fabiana Ilarrescape (*).-
En el marco de la marcha «ni una menos», y desde la responsabilidad que tiene el Estado en cuanto a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género originando o fortaleciendo instituciones y/o mecanismos que den una adecuada atención y asistencia a las víctimas de violencia, de acuerdo a lo manifestado por la Ley 26.485, consideramos contradictoria a dicha norma lo dispuesto por el gobierno municipal de General Madariaga en relación al traslado de la Comisaría de la Mujer, institución que antes trabajaba la problemática de manera única y actualmente funciona en un espacio incómodo y reducido, donde conjuntamente también funciona Tránsito, las cámaras de monitoreo y Mediación.
Esta decisión del Ejecutivo es altamente perjudicial para la víctima de violencia y en evidente retroceso de todo lo conseguido para superar esta problemática, pues atentaría contra la intimidad y la confidencialidad de la denunciante, tornando su trato revictimizante e inhumano, todo esto violatorio a los principios rectores que marca la Ley 26.485 en su Título II, Capítulo I.
La misma ley exige por parte del Estado la disponibilidad económica para que todos sus principios sean cumplidos de manera efectiva.
Por todo lo expuesto, es de suma urgencia que el gobierno municipal revea está decisión, por el bien de todas las víctimas de violencia de género e intrafamiliar.
(*) Abogada, y responsable de la Secretaría de la Mujer del Consejo del PJ de General Madariaga.
