Con su mensaje en cadena, Javier Milei buscó despojar de tecnicismos a su propuesta de reforma del Banco Central y dotarlo de contenido político. Básicamente, revive su vieja diatriba contra la «casta política», a la que castigará de una manera bien concreta y visible: dejará a todos los congresistas sin sueldo cada vez que se apruebe una suba del gasto público sin financiamiento genuino. Ese es el objetivo político del anuncio, que forzará al kirchnerismo a la situación incómoda de persistir en su crítica a la «motosierra» -lo que implica justificar el déficit- o de argumentar que no hay relación alguna entre la emisión monetaria sin respaldo y la inflación.
Desde el punto de vista del gobierno, el solo hecho de que estas reformas deban ser debatidas en el Congreso a poco tiempo de la campaña electoral supondrá una ventaja política, porque volverá a instalar la antinomia entre la facción libertaria -asociada a la idea de estabilidad- y el kirchnerismo, que quedaría ligado al desmanejo en las cuentas estatales.
Pero, además, el presidente envió otro mensaje entrelíneas, dirigido al mercado de capitales. Su objetivo de máxima es conseguir que el solo anuncio sobre las reformas del BCRA y la protección a la inversión puedan hacer caer el índice de riesgo país.
El tema clave, en este caso, es el de la duración del directorio del BCRA. Al poner una exigencia extremadamente alta para la remoción de las autoridades -dos tercios de los votos de ambas cámaras legislativas-, lo que Milei está anunciando implícitamente es que, aun si él perdiera las elecciones presidenciales de 2027, las actuales autoridades del Central seguirán en funciones.
Es, en definitiva, el célebre «modelo peruano», un caso que ha llamado la atención de politólogos en toda la región. En fuerte contraste con la volatilidad política -hubo nueve presidentes en la última década, y muchos de ellos terminaron presos-, el Banco de Reserva tuvo el mismo titular durante 19 años. En ese período ha habido una notable estabilidad cambiaria y financiera, y el acceso de Perú al mercado internacional de crédito tiene uno de los spreads más bajos del continente.
Desde el punto de vista de Milei, lo que dificulta que Argentina consiga crédito a tasas bajas, a pesar de haber adoptado una agenda de reformas, es el temor a que un eventual regreso del kirchnerismo al poder pueda dar marcha atrás y volver a los viejos vicios, sobre todo al déficit fiscal crónico. Ese supuesto temor del mercado es lo que en el gobierno bautizaron como «riesgo kuka». El ejemplo más claro al respecto es el diferencial de 300 puntos básicos de tasa entre el bono en dólares que emitió el Tesoro con vencimiento en 2027 y el que vence en 2028 -es decir, después de terminado el período de Milei-.
Si la reforma que ahora plantea el gobierno fuera aprobada por el Congreso, entonces el mercado interpretaría que, sea cual sea el resultado electoral, después de 2027 habrá ciertas reglas que no podrán quebrantarse. Por ejemplo, que el BCRA ya no será la caja del gasto público -ni mediante adelantos transitorios ni mediante el regalo al Tesoro por ganancias contables-.
En otras palabras, que puede ocurrir la situación de que Axel Kicillof esté en la Casa Rosada y que, al mismo tiempo, Santiago Bausili continúe al frente del BCRA, limitando de hecho la dosis de «heterodoxia» que pueda tener el plan económico del nuevo gobierno.
El objetivo de máxima que se propone Milei es que este anuncio mejore ya mismo las expectativas sobre el sendero bajista de la inflación y que, por ende, reste volatilidad al dólar y a las tasas de interés.
La parte del anuncio dedicada al Banco Central es la más técnica, y la que menos posibilidades tiene de generar un efecto en la opinión pública. En cambio, la introducción del «grillete fiscal» o «shutdown» al estilo estadounidense es un anuncio de alto impacto.
Milei aclaró que ninguno de los gastos ni servicios esenciales del Estado correrá peligro, y que no se suspenderá el pago de sueldos, jubilaciones ni planes sociales.
En cambio, cesarán de cobrar el sueldo los diputados y senadores, así como los altos funcionarios del poder ejecutivo.
Esa es la gran diferencia con los anuncios que Milei había transmitido en cadena televisada el año pasado, cuando habló sobre su estrategia de «blindar el déficit cero». En realidad, lo que el presidente estaba anunciando es que no habría gasto sin financiación en el proyecto de ley del presupuesto, y que vetaría todo proyecto que aumentara el gasto público.
Pero eso no impidió que la oposición avanzara con varias iniciativas, como la ley de emergencia en salud pública, la ampliación de la financiación universitaria y la reforma del sistema jubilatorio -esta última dos veces votada y dos veces vetada en un lapso de un año-.
En aquel momento, Milei había calculado que, si no impedía esas leyes impulsadas por la oposición, habría un costo fiscal adicional de 2,5% del PBI, lo cual echaría por tierra con el pilar de su política económica y agudizaría nuevamente la presión inflacionaria.
Ahora, a diferencia de lo ocurrido en aquella oportunidad, Milei buscará que los legisladores que propongan proyectos sin financiación se enfrenten a un costo personal. «Hoy los políticos no tienen un incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos», argumentó durante la cadena televisada.
Esa será la parte más interesante del debate parlamentario: quienes argumenten en contra, deberán explicar por qué creen que pueden expandir el gasto sin ser castigados en su propio sueldo.
Aunque, claro está, también hay otro peligro acaso no previsto por Milei: que esa amenaza de «shutdown» haga que los legisladores del peronismo sigan presentando proyectos que expandan el gasto, pero que ahora se sientan más motivados para establecer nuevos impuestos, dejando con vigencia permanente algunos que tuvieron aplicación transitoria, como el de las «grandes fortunas», votado durante la pandemia.
La cadena televisada no disipó las dudas y críticas que se había planteado luego de que el presidente publicara su artículo en Clarín, con el célebre título de los «doce trillones por ciento».
La primera cuestión que surgió tras el anuncio es de índole legal. Tiene que ver con qué tan fuerte será el «blindaje» del Banco Central. Lo que sostienen los expertos es que esta reforma podría ser anulada y sustituida por una nueva ley, que sólo requeriría una mayoría simple. Y es por eso que muchos proponen que, como en el caso peruano, la independencia del Banco Central esté explicitada en la constitución.
Otras críticas tienen que ver con el acotamiento de la reforma a las finanzas del Estado nacional, pero sin injerencia sobre los niveles provincial y municipal. Muchos analistas suelen recordar que, ante situaciones de crisis de caja, los gobiernos provinciales pueden volver a emitir cuasi monedas. De hecho, ocurrió con La Rioja durante el primer año de la gestión Milei, y otras provincias grandes, como Buenos Aires y Córdoba, amenazaron con hacer lo mismo si desde la Casa Rosada no se regularizaban las transferencias de recursos.
Las cuasi monedas son, desde el punto de vista técnico, bonos y no dinero, dado que tienen una fecha de vencimiento, a la cual deben ser rescatados por el gobierno provincial. Eso es lo que hace que, por más que se reforme carta orgánica -de hecho, aunque el BCRA fuera eliminado- podrían seguir existiendo.
Finalmente, hay una crítica al hecho de que el propio gobierno continúa incurriendo en conductas que, de ser aprobada la ley, ya no podrán realizarse en el futuro.
Hace poco más de un mes, se anunció que la institución presidida por Bausili le transferiría $24,4 billones, mientras el Tesoro le devolvería sólo $18,4 billones para sacarle el «clavo» de las letras intransferibles y se quedaría con $6 billones netos, que le sirven para comprar dólares.
Esa ganancia que reflejó el balance del Central fue posible gracias a la valorización de títulos en la cartera del BCRA, como las letras intransferibles que le había colocado el Tesoro durante la anterior gestión del peronismo. El hecho de que durante el año pasado se haya generado una inflación de 31,5% mientras la cotización del dólar subió un 42% genera una valorización de ese «activo».
Los economistas críticos hablaron de «maquillaje contable» y de un regreso de la «maquinita de emitir pesos». Es decir, una acusación que choca de frente contra el discurso oficial, que habla de una reducción de la deuda del Tesoro y de un saneamiento en el balance del BCRA.
