El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires creó el Programa de Infraestructura Sostenible y Resiliente, una iniciativa destinada a incorporar de manera transversal criterios de sostenibilidad ambiental, resiliencia climática y gestión integral del riesgo en la planificación, ejecución y mantenimiento de obras y servicios públicos.
La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial que establece como objetivo principal promover un modelo de infraestructura pública que contribuya al desarrollo territorial equitativo, la conservación y restauración ambiental, y la adaptación y mitigación frente al cambio climático en todo el ciclo de vida de los proyectos impulsados por la cartera provincial.
La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorial Sostenible, que tendrá a su cargo la implementación del programa y el dictado de las normas complementarias necesarias para su ejecución.
Según la resolución, la iniciativa se enmarca en los compromisos ambientales asumidos por Argentina a nivel nacional e internacional, entre ellos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú. También toma como referencia la Ley General del Ambiente, la Ley de Cambio Climático, la normativa provincial de protección ambiental y el proceso de elaboración del Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático.
El programa busca integrar criterios de sostenibilidad y resiliencia en las políticas, planes, programas, proyectos y obras desarrollados por el Ministerio de Infraestructura, con especial énfasis en la reducción de vulnerabilidades frente a fenómenos climáticos extremos y en la protección de los bienes comunes naturales.
Dos ejes estratégicos del programa
La iniciativa estará estructurada sobre dos grandes ejes de trabajo. El primero, denominado “Sostenibilidad en la infraestructura y los servicios públicos”, apunta a incorporar criterios ambientales, sociales y territoriales en todas las etapas de las obras públicas.
Entre sus objetivos se encuentran el desarrollo de estándares socioambientales para el diseño y ejecución de proyectos, la creación de mecanismos institucionales que garanticen la inclusión de criterios de sostenibilidad, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la promoción del acceso a la información pública ambiental y de la participación ciudadana.
En este sentido, la resolución destaca la necesidad de consolidar procesos de transparencia y participación en línea con los principios establecidos por el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información ambiental y la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones vinculadas al ambiente.
El segundo eje, “Acción climática y gestión integral del riesgo de desastres”, está orientado a fortalecer la capacidad institucional y territorial para anticipar, prevenir y reducir riesgos asociados al cambio climático y a eventos extremos.
Entre las metas previstas se encuentran la incorporación de la gestión del riesgo climático en todas las etapas de las obras y servicios públicos, la generación de herramientas técnicas para evaluar la resiliencia de los proyectos, la articulación entre distintos organismos y actores para la toma de decisiones y la promoción de soluciones basadas en la naturaleza como estrategia de adaptación climática.
Fuente: Agencia DIB
