**Hidrovía Paraguay-Paraná: La disputa por la concesión toma un giro polémico**
La lucha por controlar la futura concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná se está convirtiendo en una de las batallas más encarnizadas de la economía argentina. La asociación formada por Jan De Nul y Servimagnus, preadjudicada en el proceso licitatorio promovido por el gobierno nacional, ha salido a responder a los cuestionamientos formulados por la empresa belga DEME. La controversia gira en torno al costo que deberán asumir los usuarios de la principal vía navegable del país y la viabilidad económica de las ofertas presentadas para gestionar y mantener el corredor que canaliza la mayor parte de las exportaciones argentinas.
La asociación en cuestión, que había sido elegida como la más adecuada para asumir la tarea de gestionar la Hidrovía, ha rechazado de manera enérgica los argumentos de DEME. Según los cálculos de Jan De Nul y Servimagnus, los cuestionamientos de la empresa belga se basan en una serie de suposiciones erróneas y valores que no podrían sostenerse durante los 25 años previstos para la concesión.
Uno de los aspectos más controvertidos planteados por Jan De Nul está relacionado con el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La empresa afirma que DEME habría proyectado pagos muy inferiores a los que corresponderían según la legislación argentina actual. Según su interpretación, servicios esenciales para la operación de la concesión, como el alquiler de embarcaciones y la compra de combustibles, se encuentran alcanzados por el tributo y deberían reflejarse plenamente en los cálculos económicos.
Otro de los temas que genera controversia es relacionado con las inversiones comprometidas para el mantenimiento, la señalización, el balizamiento y la modernización tecnológica de la vía navegable. Según Jan De Nul-Servimagnus, la propuesta de DEME concentra desembolsos en los primeros años del contrato y luego prácticamente no contempla nuevas inversiones relevantes durante las dos décadas siguientes.
A lo anterior, se suma un tercer cuestionamiento referido a las proyecciones de ingresos. Según la asociación preadjudicada, DEME habría calculado la recaudación futura utilizando valores de peaje superiores a los permitidos por las condiciones de la licitación. Por lo tanto, los ingresos proyectados aparecerían artificialmente incrementados, mejorando la rentabilidad esperada del negocio y permitiendo presentar una rebaja tarifaria que, en la práctica, no podría sostenerse.
La discusión no se limita a aspectos técnicos. Ha comenzado a trasladarse a un terreno institucional, donde la credibilidad de la empresa preadjudicada es cuestionada. Jan De Nul recordó que DEME participó del proceso licitatorio sin impugnar previamente las reglas de juego y destacó que la compañía expresó su conformidad con el esquema diseñado para la concesión en instancias previas al proceso.
La disputa por la concesión no solo tiene implicaciones económicas sino que también pone en juego la credibilidad de las empresas involucradas. La decisión del gobierno nacional será crucial en este sentido.
