El caso de la presunta billetera de Bitcoin vinculada al funcionario gubernamental Jorge Adorni tomó un giro inesperado cuando el senador Martín Lousteau planteó ante la Justicia la posibilidad de que los activos digitales investigados pertenezcan en realidad a un tercero no identificado. ‘Existen serias inconsistencias en los registros que hacen dudar de la titularidad real de estas criptomonedas’, afirmó el legislador en una presentación judicial que ya circula en los pasillos del Congreso. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que los fiscales están rastreando una compleja red de transacciones que incluye cuentas en paraísos fiscales y operaciones con stablecoins. Este desarrollo agrega un nuevo capítulo a un escándalo que ya tiene en vilo a la clase política, en momentos en que se debate una mayor regulación para las criptomonedas. Mientras tanto, el entorno de Adorni insiste en que se trata de una ‘caza de brujas’ política sin fundamentos.
