En diálogo con radio La Red, Marijuan reveló que decidió «hacer una denuncia por la resolución que establece un aumento en la tarifa de gas retroactiva, que compensa a las empresas distribuidoras de abril a septiembre, por el aumento del dólar, y las diferencias que generaron».
«Son los problemas que tienen las empresas, los usuarios hicieron el pago como corresponde», indicó el fiscal, quien también presentó una denuncia contra Iguacel.
«Los contribuyentes han hecho pagos y uno de los efectos del pago es la cancelación total, con lo cual no se puede en modo alguno quitarles la entidad jurídica que tienen justamente el acto del pago», aclaró Marijuan.
Con relación a la demanda por «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público», dijo que «será materia de discusión si esa es la calificación que corresponda, pero el código penal lo prevé para aquellos que dicten resoluciones contrarias a la ley y el efecto jurídico del pago es ley».
Asimismo, reveló que en el sorteo entre los jueces federales de turno, la causa recayó en la jueza María Servini de Cubría, quien deberá «analizar el tema, como la medida cautelar que suspenda la resolución».
La cautelar remarca que «la norma contraria a la ley estaría provocando un perjuicio económico a los usuarios, con el objeto de “compensar” a las empresas prestatarias. De esta manera, es necesario que de forma inmediata se suspenda la aplicación y efectos de la resolución citada”.
Ayer Iguacel dijo en otro acto de justificación, que el usuario pagará al rededor de $90 por mes.