La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó la cautelar de primera instancia que le pone un freno a la privatización de Aysa sobre la que busca avanzar el gobierno de Javier Milei y dispuso que la cuestión de fondo se resuelva en la Justicia Federal.
El fallo surge una semana antes de la apertura de sobres prevista por la administración libertaria para conocer las ofertas por el 90% de las acciones que tiene el Estado nacional en la compañía que brinda servicio de agua potable a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense.
La cautelar había sido promovida por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, al advertir un «riesgo inminente» de que el actual proceso de reestructuración y privatización de Aysa derivara en un deterioro del servicio y el abandono de trabajos planificados.
El tribunal conformado por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez consideró que subyace la necesidad de mantener la cautelar «en aras de tutelar el compromiso ambiental y la salud de la población».
«La flexibilización y laxitud en cuanto a la salubridad y protección ambiental que parecerían desprenderse del nuevo convenio, permiten válidamente vislumbrar una situación de riesgo que es por definición irreversible, ya que el daño al ambiente es de aquellos de los que cabe decir que no admiten la posibilidad de una verdadera reparación», advierten los magistrados en un pasaje del fallo al que accedió LPO.
Por esa razón, el Tribunal ponderó «la importancia de la tutela inhibitoria como protección específica en supuestos como este, donde se impone la prevención con el objeto de mantener la integridad del derecho en sí mismo».
Lo que pone en discusión el caso es la posibilidad de que, con la privatización, se preste el servicio con estándares de calidad inferiores a los actuales.
La Sala II de la Cámara también resolvió girar la causa al fuero federal, algo sobre la que había apelado la Defensoría, que pretendía que el expediente tramite en la Justicia provincial.
Los jueces fundaron la intervención de la justicia federal en razón de que Aysa «es una sociedad anónima dedicada al servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales, cuya titularidad resulta asumida por el Estado nacional como principal accionista».
