La Ciudad de Buenos Aires eliminó uno de los trámites administrativos más tradicionales del ámbito laboral: la obligación de rubricar la documentación de los empleadores ante la autoridad local.
La medida, vigente con efecto desde el 1° de junio de 2026, forma parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por la gestión porteña y se alinea con las recientes modificaciones introducidas por el Gobierno nacional en materia de registración laboral.
La Resolución 852/SECTE/2026, que será publicada este martes en el Boletín Oficial, permitirá que miles de empresas dejen de realizar un procedimiento que durante décadas implicó costos administrativos, tiempos de gestión y el cumplimiento de requisitos específicos para validar libros y documentación laboral.
La decisión de la Ciudad responde a un cambio previo producido a nivel nacional: la Ley 27.802 modificó el régimen previsto en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 407/2026 dispuso que la documentación laboral pase a concentrarse en un sistema único administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Como consecuencia, las administraciones provinciales y de la Ciudad ya no pueden exigir registros o documentación distinta de la prevista por la normativa nacional.
Frente a este nuevo escenario, el Gobierno porteño resolvió derogar todo el esquema regulatorio que sostenía el antiguo sistema de rúbricas, evitando que subsistieran obligaciones consideradas incompatibles con el nuevo marco jurídico.
Desde la administración porteña destacan que el cambio representa una reducción concreta de cargas administrativas para quienes generan empleo.
El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, afirmó que la medida «refleja el compromiso del Gobierno de la Ciudad con una administración moderna, eficiente y alineada con el marco normativo vigente» y sostuvo que eliminar obligaciones que perdieron sustento legal «reduce costos, simplifica procesos y brinda mayor previsibilidad a quienes generan empleo».
En la misma línea, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, señaló que la adecuación normativa responde a la decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de avanzar hacia «un Estado más moderno y eficiente», eliminando trámites innecesarios sin afectar los mecanismos de fiscalización.
Uno de los principales interrogantes que genera la eliminación del trámite es si implica una reducción del control estatal sobre las relaciones laborales.
La respuesta oficial es negativa.
La Ciudad aclaró que la derogación de la rúbrica no modifica las facultades de inspección, fiscalización y sanción previstas en la Ley 265: desaparece el trámite administrativo, pero continúan los controles sobre el cumplimiento de la legislación laboral, las condiciones de higiene y seguridad y las inspecciones en los lugares de trabajo.
La resolución también establece un esquema para evitar conflictos durante el cambio de régimen.
El período correspondiente a mayo de 2026 será el último alcanzado por la obligación de rúbrica, mientras que los expedientes iniciados antes del 1° de junio continuarán tramitándose bajo las normas vigentes al momento de su presentación hasta su finalización.
Además, la Dirección General de Relaciones del Trabajo deberá:
La eliminación de la rúbrica laboral se inscribe dentro del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional y acompañado por distintas jurisdicciones.
En la práctica, la medida elimina un trámite histórico para los empleadores porteños, centraliza la registración laboral en el sistema administrado por ARCA y busca reducir costos operativos sin modificar las obligaciones laborales ni las potestades de control del Estado.
