El Gobierno nacional oficializó 33 nombramientos judiciales que abarcan desde la Ciudad de Buenos Aires hasta 11 provincias del país. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La tanda incluye 12 jueces, 6 conjueces, 9 vocales para cámaras de apelaciones, 4 fiscales federales y 2 defensoras públicas. Representa uno de los mayores paquetes de designaciones impulsados por la actual administración.
Las jurisdicciones alcanzadas son Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones, San Juan, Chaco, Corrientes, Mendoza, Río Negro, Salta y Mar del Plata. Los cargos cubren fueros penal, comercial, laboral, de seguridad social y federal.
Los nombramientos judiciales se concentran en tribunales orales en lo criminal, juzgados comerciales y federales. Todos los candidatos obtuvieron previamente el acuerdo del Senado, paso obligatorio que establece la Constitución Nacional para la designación de jueces federales y nacionales.
La lista completa de jueces designados incluye:
Las designaciones abarcan tanto la Justicia nacional con asiento en Capital Federal como tribunales federales del interior. Los fueros incluyen penal, comercial y seguridad social.
El Ejecutivo también oficializó seis conjueces para los juzgados federales que integran la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Los conjueces son convocados para intervenir cuando un magistrado titular no puede actuar por excusación, recusación, licencia, vacancia u otro impedimento legal, garantizando así la continuidad de los procesos judiciales.
Los designados son Maximiliano Daniel Chávez, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena, Fernando Gabriel Zarabozo y Andrea Cristina Di Gregorio.
Esta figura busca evitar demoras en expedientes cuando un juez debe apartarse de una causa. Sin conjueces disponibles, los trámites quedan paralizados hasta resolver la situación del titular.
Otra parte de los decretos cubrió cargos en distintas cámaras nacionales y federales de apelaciones. La mayor concentración de nombramientos se dio en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Este tribunal de segunda instancia interviene en conflictos laborales y revisa decisiones de los juzgados nacionales del fuero. La designación de seis vocales en sus distintas salas refleja la necesidad de reforzar un área con alta carga de trabajo.
Las cámaras laborales venían operando con vacantes prolongadas que generaban demoras en la resolución de apelaciones. Estos nombramientos buscan normalizar los tiempos de tramitación.
La batería de decretos también incluyó nombramientos en el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal.
Como defensoras públicas fueron designadas Amanda Espino (Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires) y María Laura Irastoza (Defensora Pública de Víctimas en Río Negro).
Los nuevos fiscales federales son Patricio Nicolás Sabadini (Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco), Fernando Gabriel Alcaraz (Unidad Fiscal Mendoza), Hugo Daniel Froy (Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes) y Juan Marcelo Burella Acevedo (Unidad Fiscal de Corrientes).
Los fiscales federales intervienen en investigaciones por delitos de competencia federal. Las defensorías públicas brindan asistencia jurídica a personas sin representación privada o ejercen funciones específicas como la defensa de víctimas.
El camino para llegar a estos nombramientos es largo y requiere múltiples controles institucionales.
El proceso arranca en el Consejo de la Magistratura, que lleva adelante concursos públicos. Ese organismo evalúa antecedentes, toma entrevistas a postulantes y conforma ternas. Las envía al Poder Ejecutivo para que elija un candidato.
Luego, el Senado analiza cada pliego y, si presta su acuerdo por la mayoría requerida, el Presidente puede formalizar la designación mediante decreto. En el caso de fiscales y defensores públicos, el procedimiento también contempla la intervención del Senado antes del nombramiento definitivo.
Esta arquitectura de controles cruzados busca garantizar idoneidad y evitar designaciones arbitrarias. El acuerdo del Senado funciona como filtro político ante una propuesta del Ejecutivo que ya pasó el filtro técnico del Consejo.
La cobertura de vacantes constituye uno de los mecanismos habituales para completar la integración de juzgados, tribunales orales y cámaras que permanecían sin titular o cubiertos de manera transitoria.
La existencia de vacantes suele implicar la intervención de jueces subrogantes o conjueces hasta que se concreta la designación definitiva. Estos reemplazos temporales generan inestabilidad y pueden ralentizar los procesos.
Con esta nueva serie de decretos, el Gobierno avanzó en la normalización de estructuras judiciales que permanecían incompletas. Las designaciones se suman a otros nombramientos impulsados durante el último año con el mismo objetivo.
Las 33 designaciones oficializadas abarcan competencias diversas: penal, comercial, laboral, seguridad social y federal. Se distribuyen en 12 jurisdicciones del país, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta provincias del norte, centro y sur argentino.
