A 32 años del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el acto central de conmemoración volvió a estar marcado por el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Frente a familiares de las víctimas, sobrevivientes, representantes de la comunidad judía y autoridades nacionales, el presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, cuestionó con dureza el estado de la investigación judicial y sostuvo que la causa «es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada».
La ceremonia se realizó este viernes en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, un día antes del aniversario del ataque debido a que el 18 de julio coincide este año con el Shabat, el día sagrado del judaísmo. La decisión fue adoptada de manera conjunta por la AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas para respetar las tradiciones religiosas.
El homenaje comenzó con el tradicional sonido de la sirena a las 9:53, la hora exacta en la que explotó el coche bomba que destruyó la sede de la mutual el 18 de julio de 1994. El atentado dejó un saldo de 85 personas muertas y más de 300 heridas, y continúa siendo uno de los ataques terroristas más graves ocurridos en la historia argentina.
El acto fue conducido por el actor Martín Seefeld y contó con la presencia del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, integrantes del Gabinete nacional, dirigentes políticos, autoridades de la comunidad judía, familiares y sobrevivientes.
En el centro del mensaje de Armoza estuvo el estado de la investigación judicial. El presidente de la AMIA aseguró que durante el último año no hubo novedades relevantes en el expediente.
«En este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Reitero: en este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada», afirmó.
Al comenzar su discurso, recordó que el atentado dejó una marca permanente en la comunidad, aunque destacó que el terrorismo no logró cumplir su objetivo.
«Luego de 32 años, el terrorismo asesino no pudo vencernos. Nos dejó una profunda herida que la impunidad no permite cicatrizar».
También dedicó un mensaje a los familiares y sobrevivientes.
«Ustedes nos han dado una lección de dignidad insuperable. No se dieron por vencidos. Nos han legado la herencia ética de no claudicar jamás en la búsqueda de lo que es justo».
Uno de los principales reclamos estuvo dirigido a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, donde Armoza pidió que resuelvan «de manera urgente y definitiva» la validez del juicio en ausencia, mecanismo que permitiría avanzar contra los acusados que permanecen prófugos fuera del país.
«No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles».
Además, exhortó a los magistrados a resolver el expediente «con la mayor celeridad posible».
Las críticas también alcanzaron al juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa.
«Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando».
Armoza recordó además que el Juzgado Federal N° 6 permanece desde hace seis años sin un magistrado titular y reclamó que se cubran las vacantes judiciales.
Durante su discurso, el titular de la AMIA diferenció el trabajo de los fiscales que intervienen en la investigación.
Por un lado, destacó el impulso del fiscal de la Unidad AMIA, Sebastián Basso, para avanzar con el juicio en ausencia. Sin embargo, pidió profundizar la investigación sobre aspectos que, según sostuvo, todavía no fueron esclarecidos.
«¿Quién proveyó el explosivo utilizado? ¿Dónde se terminó de armar el coche-bomba? ¿Quiénes dieron apoyo local a los terroristas?».
En cambio, fue crítico con la actuación del fiscal Gonzalo Miranda.
«Su aporte ha sido absolutamente nulo».
Por ese motivo, solicitó al procurador general interino, Eduardo Casal, que revise su designación y nombre funcionarios «idóneos» para continuar la investigación.
A más de tres décadas del atentado, la causa sigue sin condenados.
Sin embargo, la Justicia argentina sostiene desde hace años que el ataque fue planificado por las máximas autoridades del régimen iraní y ejecutado por integrantes de Hezbollah.
Durante el acto, Armoza afirmó que «la verdad histórica y jurídica ya ha sido establecida».
«Detrás del atentado estuvo Irán, y uno de sus brazos armados, la agrupación terrorista Hezbollah».
En ese contexto, reclamó que Interpol mantenga vigentes las notificaciones rojas contra los acusados y reiteró el pedido para que el juicio en ausencia pueda avanzar. La posibilidad de aplicar ese mecanismo cobró impulso este año luego de que la fiscalía solicitara formalmente avanzar contra once ciudadanos extranjeros prófugos.
En una entrevista radial, el fiscal de la Unidad AMIA, Sebastián Basso, confirmó que en marzo la fiscalía solicitó al juez Rafecas avanzar contra once imputados: ocho ciudadanos iraníes y tres libaneses.
«Este año en marzo la fiscalía le pidió especialmente al juez que está en el caso, que es el doctor Rafecas, que avance contra 11 personas concretas: ocho iraníes y tres libaneses».
Según explicó, el pedido se fundamenta en que los acusados permanecen en Irán y el Líbano, países que no colaboran con los pedidos de extradición formulados por la Justicia argentina.
Basso también reveló que recientemente tomó declaración en Francia a ciudadanos disidentes del régimen iraní que aportaron documentación sobre la estructura de decisión del gobierno de Teherán durante la década de 1990.
«Estas personas conocieron a los líderes del régimen personalmente».
El fiscal sostuvo que esos testimonios permitieron reconstruir parte de la red de espionaje desplegada en Argentina antes del atentado.
Además, descartó una de las hipótesis que durante años circuló sobre el móvil del ataque.
«El atentado tiene que ver con el sabotaje que quería hacer Irán a los tratados de paz que estaba firmando en ese momento el Estado de Israel con la Organización de Liberación Palestina».
Basso explicó además que el objetivo de la fiscalía es acelerar la realización del juicio oral para exponer públicamente todas las pruebas reunidas durante la investigación.
Otro de los ejes del discurso de Armoza estuvo relacionado con la seguridad.
Frente al presidente Milei, reclamó un mayor control sobre la Triple Frontera y los pasos internacionales con Bolivia y Chile.
«La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir».
También pidió que Brasil incorpore a Hezbollah en su listado de organizaciones terroristas.
«La colaboración regional no es una opción geopolítica; es un deber de supervivencia para proteger la vida de nuestros ciudadanos».
Asimismo, sostuvo que Argentina necesita actualizar su legislación para enfrentar las amenazas actuales.
«Argentina debe modificar su estructura legal de acuerdo a lo que los tiempos actuales demandan».
El atentado contra la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba explotó frente a la sede de la mutual en el barrio porteño de Once. Murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas.
En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que el ataque fue organizado por las máximas autoridades de Irán y ejecutado por integrantes de Hezbollah, ratificando la línea investigativa desarrollada durante los últimos años.
Durante el acto de este viernes, además de los reclamos por el avance de la causa, Armoza pidió acelerar el análisis de la documentación de la ex SIDE, sostuvo que todavía existen «toneladas de papeles» pendientes de revisión y reclamó que la Corte Suprema revoque la absolución de Carlos Telleldín al considerar que existen pruebas que lo vinculan con la denominada conexión local del atentado.
Con el lema «Hoy no podemos perder la memoria», el acto volvió a combinar el homenaje a las víctimas con un renovado pedido para que la investigación avance y el atentado, ocurrido hace 32 años, llegue finalmente a una instancia de juzgamiento.
