La entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral modificó aspectos centrales del régimen de indemnizaciones por despido en Argentina y abrió una nueva etapa de debates judiciales sobre el alcance de las nuevas normas. Aunque el esquema básico de la indemnización por antigüedad se mantiene, la reforma incorporó cambios en la forma de calcular el monto, redefinió qué conceptos integran la base salarial y habilitó nuevos mecanismos para el pago de las condenas. Al mismo tiempo, comenzaron a multiplicarse los planteos de inconstitucionalidad y las interpretaciones contrapuestas en distintos tribunales del país.
La mayoría de las discusiones judiciales giran en torno a la aplicación temporal de la reforma, el cálculo de la indemnización, la actualización de los créditos laborales y la posibilidad de pagar las condenas en cuotas. En varios casos ya existen fallos con criterios diferentes, por lo que se espera que las cámaras laborales e incluso la Corte Suprema deban fijar una interpretación uniforme.
La reforma modificó el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula la indemnización por despido sin causa.
Se mantiene el criterio histórico de un salario por cada año de antigüedad o fracción mayor de tres meses, pero se introdujeron precisiones sobre cuál es la remuneración que debe utilizarse para efectuar el cálculo.
La nueva redacción establece que únicamente deben computarse las remuneraciones devengadas y pagadas en cada mes calendario, lo que excluye de la base indemnizatoria diversos conceptos que no tienen periodicidad mensual.
En consecuencia, quedan excluidos de la base indemnizatoria diversos conceptos que no tienen periodicidad mensual, entre ellos:
La reforma también define con mayor precisión qué debe entenderse por remuneración «habitual» y «normal». En el caso de conceptos variables, como comisiones u horas extras, se tomará el promedio de los últimos seis meses, o del último año cuando resulte más favorable para el trabajador.
Otro aspecto incorporado por la ley es la actualización de los criterios sobre los topes indemnizatorios. La base salarial no podrá superar tres veces el salario promedio previsto por el convenio colectivo correspondiente, aunque se mantiene un límite mínimo para evitar que la indemnización quede por debajo del 67% de la remuneración mensual normal y habitual.
Uno de los cambios que generó mayor atención es la exclusión de los bonos anuales del cálculo de la indemnización.
En la Ciudad de Buenos Aires este criterio ya había sido adoptado por la jurisprudencia a partir del fallo plenario «Tulosai», pero la reforma lo incorporó expresamente al texto legal y extendió su aplicación al resto del país.
Sin embargo, especialistas en derecho laboral sostienen que la exclusión no necesariamente resulta absoluta.
Una de las principales discusiones pasa por los casos en los que la estructura salarial hubiera sido diseñada para reducir artificialmente el costo de un eventual despido. Según esa interpretación, cuando un empleador fija un salario mensual reducido y concentra una parte sustancial de la remuneración en bonos anuales, los jueces podrían considerar que existe fraude a la ley laboral.
En esos supuestos, algunos abogados sostienen que continúa vigente la posibilidad de incorporar al cálculo la proporción mensual del bono anual, aplicando el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prohíbe el fraude laboral.
Por ese motivo, distintos especialistas consideran que la reforma no elimina completamente la posibilidad de discutir judicialmente estos casos cuando se alegue una maniobra destinada a disminuir la indemnización.
Otro de los debates que comenzó a instalarse en los tribunales es cuál debe ser la legislación aplicable cuando un trabajador fue contratado antes de la reforma, pero despedido después de su entrada en vigencia.
La posición predominante entre gran parte de la doctrina sostiene que la indemnización nace recién cuando se produce el despido. Bajo ese criterio, corresponde aplicar la ley vigente al momento de la desvinculación, independientemente de cuándo comenzó la relación laboral.
Sin embargo, un fallo del Cuarto Juzgado del Trabajo de San Juan abrió una interpretación diferente.
En esa causa, vinculada con trabajadoras que reclamaban por empleo no registrado, el magistrado entendió que el contrato laboral queda regido por la legislación vigente al momento de su celebración y que las modificaciones posteriores no pueden alterar ese régimen jurídico.
Ese criterio permitió aplicar normas anteriores a la reforma para calcular indemnizaciones y multas laborales.
Aunque se trata de un antecedente aislado, varios abogados consideran que podría convertirse en una nueva estrategia judicial para trabajadores contratados antes de la entrada en vigencia de la reforma.
Hasta el momento no existe un criterio unificado, por lo que la cuestión probablemente termine siendo resuelta por tribunales superiores.
Otro de los primeros cuestionamientos judiciales alcanzó al artículo 55 de la reforma laboral.
El juez laboral Ricardo Gileta, de Córdoba, declaró inconstitucional esa disposición al considerar que establecía un tratamiento diferente para los juicios que ya estaban en trámite al momento de sancionarse la nueva ley.
El artículo cuestionado fijaba un mecanismo especial para actualizar las deudas laborales de esos procesos, utilizando tasas del Banco Central con determinados límites vinculados a la inflación.
Según el magistrado, esa diferencia vulneraba el principio de igualdad ante la ley, por lo que resolvió aplicar el sistema previsto por el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dispone la actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés adicional.
En su resolución también destacó el carácter alimentario de los créditos laborales y señaló que una actualización insuficiente puede afectar el principio de reparación plena reconocido por el derecho del trabajo.
Otro de los aspectos más discutidos de la reforma es la posibilidad de cancelar las condenas laborales mediante un plan de pagos.
La nueva normativa permite que determinadas empresas abonen las sentencias en cuotas mensuales consecutivas, con un máximo de seis cuotas para grandes compañías y de doce para pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, esa modificación ya dio lugar a decisiones judiciales contradictorias.
La Sala VII de la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del artículo 56 al rechazar el pedido de una empresa que pretendía cancelar una condena en doce cuotas.
El tribunal sostuvo que las indemnizaciones poseen naturaleza alimentaria y que el pago diferido puede afectar el derecho del trabajador a obtener una reparación efectiva y oportuna. También consideró que, en un contexto inflacionario, el fraccionamiento del pago puede disminuir el valor real del crédito reconocido judicialmente.
En cambio, un antecedente de la Justicia laboral de Mendoza admitió el pago en doce cuotas previsto por la reforma, incluso respecto de un despido ocurrido antes de la entrada en vigencia de la nueva ley.
La coexistencia de ambos criterios muestra que todavía no existe una interpretación uniforme sobre este punto.
La reforma laboral también originó una demanda colectiva impulsada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La entidad cuestionó dos artículos de la nueva ley.
Uno de ellos incorpora la denominada «pluspetición inexcusable», que puede generar responsabilidad para los abogados cuando los créditos reclamados sean considerados desproporcionados.
El otro habilita el pago en cuotas de las condenas laborales, lo que también impacta sobre el cobro de los honorarios profesionales.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 admitió la acción como proceso colectivo y reconoció la legitimación del Colegio para representar a todos los abogados matriculados de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa quedó incorporada al Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, por lo que la sentencia que se dicte tendrá efectos generales para los profesionales alcanzados.
La reforma laboral también introdujo otros cambios que podrían generar nuevos litigios, como la creación de fondos de cese laboral mediante convenios colectivos, modificaciones en distintos aspectos del proceso laboral y nuevas reglas para la actualización de créditos.
En paralelo, la aplicación práctica de la ley comenzó a mostrar diferencias entre los distintos tribunales.
Mientras algunos jueces consideran que las nuevas disposiciones deben aplicarse de manera inmediata a los despidos producidos desde su entrada en vigencia, otros entienden que determinados derechos derivados del contrato de trabajo quedaron incorporados desde el inicio de la relación laboral y continúan regidos por la normativa anterior.
También existen criterios diferentes respecto de la constitucionalidad del pago en cuotas de las condenas laborales y sobre el régimen de actualización de los créditos judiciales.
En ese contexto, la reforma no solo modificó las reglas para calcular la indemnización por despido, sino que abrió una etapa de intensa discusión jurídica cuya definición dependerá de los futuros pronunciamientos de las cámaras laborales y, eventualmente, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hasta que exista una jurisprudencia consolidada, es previsible que continúen los reclamos sobre el alcance de las nuevas normas y la forma en que deben aplicarse en cada caso concreto, especialmente en los despidos de trabajadores con relaciones laborales iniciadas antes de la reforma y en aquellos procesos judiciales que ya se encontraban en trámite cuando la ley comenzó a regir.
