La investigación judicial que involucra a Martín Insaurralde continuará bajo la conducción del fiscal federal Sergio Mola, luego de que la Justicia rechazara el planteo de la defensa del exintendente de Lomas de Zamora para desplazarlo del expediente.
La decisión fue tomada por el juez federal Luis Armella, quien consideró que los argumentos presentados por los abogados del exfuncionario no alcanzaban para demostrar una falta de objetividad ni una situación que justificara la recusación del representante del Ministerio Público Fiscal.
El pedido de la defensa surgió luego de una serie de diferencias entre el juez y el fiscal sobre el desarrollo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Los abogados de Insaurralde cuestionaron distintas decisiones adoptadas durante la investigación y sostuvieron que Mola había dejado de actuar con imparcialidad. Entre los puntos objetados mencionaron medidas como allanamientos, secuestros de elementos, tasaciones, requisas y el pedido de detención del exfuncionario y de Jesica Cirio.
Además, la defensa denunció una supuesta «sobreactuación» por parte de la fiscalía y planteó que existía un «ensañamiento» contra los investigados.
Frente a esas acusaciones, Mola sostuvo que la recusación no se apoyaba en ninguna de las causales contempladas en el artículo 55 del Código Procesal Penal.
El fiscal explicó que las medidas ordenadas fueron parte del avance normal del expediente y que tuvieron como objetivo evitar posibles maniobras que pudieran afectar la investigación.
También señaló que era la tercera oportunidad en la que intentaban apartarlo de la causa y consideró que detrás de esos planteos existía un intento de limitar su actuación. «Todo ello configura un intento de condicionar la labor del Ministerio Público Fiscal», expresó Mola en su presentación.
Al evaluar la recusación, el juez Armella reconoció que existieron diferencias de criterio con el fiscal respecto del rumbo del expediente. Sin embargo, aclaró que esas discusiones forman parte de las distintas funciones que cumplen jueces y fiscales dentro de un proceso penal.
El magistrado sostuvo que una diferencia sobre decisiones procesales no puede convertirse en una razón válida para separar a un investigador de una causa.
En ese sentido, recordó observaciones realizadas previamente sobre la difusión pública de algunas medidas judiciales, aunque aclaró que esas críticas no implicaban cuestionar la tarea desarrollada por la fiscalía.
Por el contrario, destacó «el compromiso y la dedicación con que la Fiscalía intervino desde los inicios de la pesquisa, impulsando numerosas medidas de prueba que a su entender resultaban pertinentes».
En otro tramo de la resolución, el juez afirmó que mantiene un «alto concepto de probidad y honestidad» sobre el fiscal y sostuvo que las diferencias funcionales no modifican esa valoración.
Además, recordó que los pedidos de recusación deben ser analizados de manera restrictiva y concluyó que la defensa no aportó elementos suficientes para demostrar una pérdida de imparcialidad.
Con esa decisión, Sergio Mola continuará al frente de la causa que investiga el patrimonio de Martín Insaurralde y las sospechas vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Mientras la Justicia confirmó la continuidad de Mola en el expediente, la fiscalía aguarda resultados de distintas pericias que podrían resultar clave para avanzar en la investigación.
El objetivo es determinar si los fajos de dólares que aparecen en los videos protagonizados por Jesica Cirio pueden ser vinculados formalmente con Insaurralde y con la investigación patrimonial que lleva adelante el Ministerio Público.
Entre las medidas pendientes se encuentran análisis sobre la autenticidad de las imágenes, estudios técnicos del lugar donde fueron grabadas, estimaciones sobre el dinero exhibido y nuevas evaluaciones sobre los movimientos patrimoniales de los involucrados.
Según fuentes cercanas al expediente, Mola considera que ya existen indicios para relacionar esos fondos con el exintendente bonaerense, una de las razones que motivaron el pedido de detención presentado junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Sin embargo, el juez Armella había rechazado esa solicitud al considerar que todavía no estaban dadas las condiciones para avanzar con una medida de esa magnitud. Ahora, la fiscalía busca sumar nuevos elementos antes de volver a impulsar una decisión procesal.
El entramado judicial que rodea al exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, sumó un nuevo y complejo capítulo que vuelve a colocar su gestión y su entorno bajo un estricto escrutinio público. Una reciente investigación periodística vinculó de manera directa al círculo familiar del exfuncionario con una presunta estructura de financiamiento irregular montada a través del sistema de fotomultas y el control de velocidad en territorio bonaerense.
La denuncia pone el foco sobre Priscila Ferrante, sobrina de la expareja del dirigente político, quien habría mantenido lazos corporativos con una firma tecnológica que experimentó un repentino crecimiento en el registro de contrataciones estatales tras el desembarco del exintendente de Lomas de Zamora en la estructura del Poder Ejecutivo provincial.
La revelación fue presentada de forma detallada por la periodista Guadalupe Vázquez en su programa de Radio Rivadavia. De acuerdo con los datos recabados en la investigación periodística, Ferrante se desempeñó laboralmente entre los años 2016 y 2018 para la firma Always Group S.A., una compañía de base tecnológica orientada, entre otras actividades comerciales, a la provisión de cinemómetros y softwares utilizados para la fiscalización del tránsito vehicular.
Las sospechas de los investigadores se encendieron al analizar el plano cronológico de los expedientes: la citada empresa logró su incorporación formal al Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires apenas diez días después de que Insaurralde asumiera el cargo de jefe de Gabinete bonaerense, en septiembre de 2021.
Este ingreso administrativo coincidió de forma exacta con la expansión de la empresa en el negocio de las infracciones viales dentro del esquema de contrataciones públicas. Se trata de un sistema que ya venía siendo auditado y condicionado por presuntas anomalías durante la gestión del exministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio.
Según la periodista Guadalupe Vázquez, la coincidencia temporal resulta difícil de atribuir al azar dentro de la administración pública, señalando que fue inscripta como proveedora del Gobierno de la provincia solo diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete, una situación que calificó de dudosa casualidad.
