El Tribunal Oral que lleva adelante el juicio por el caso de los Cuadernos, en el que está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner junto a otros 85 imputados, continuó este martes con una nueva jornada de declaraciones de ex funcionarios de la AFIP (actual ARCA), quienes participaron en las tareas de análisis fiscal sobre empresas investigadas en la causa.
Durante la jornada declararon el ex funcionario Pedro Puyo y la contadora María Eugenia Lanza, quienes explicaron cómo la AFIP respondió los requerimientos judiciales para analizar movimientos financieros, retiros de efectivo y documentación de empresas investigadas.
Los testigos expusieron cómo se conformaron equipos específicos para responder requerimientos judiciales, basados en información bancaria, registros internos y documentación impositiva.
En ese marco, explicaron que el trabajo no implicaba inspecciones directas a las empresas, sino la elaboración de informes a partir de mandas judiciales, con el objetivo de reconstruir operaciones financieras a partir de datos existentes en el sistema.
El primero en declarar fue el ex funcionario de la AFIP Pedro Puyo, quien recordó que el entonces juez Claudio Bonadio había encomendado al organismo investigar posibles «financiamientos espurios» en empresas alcanzadas por el expediente.
Durante su testimonio también hizo referencia a las tareas de fiscalización sobre Electroingeniería y mencionó que una de las operaciones que llamó la atención de los investigadores fue un retiro en efectivo de u$s2,4 millones, detectado durante el análisis de los movimientos financieros de la compañía.
«Recuerdo esa expresión porque no es habitual y debíamos buscar si había financiamiento espurio en esas empresas durante el período fiscalizado», afirmó Puyo al recordar el pedido formulado por Bonadio.
Uno de los ejes centrales de la jornada volvió a ser el análisis de las extracciones de dinero en efectivo y su impacto en la trazabilidad de los fondos.
Los exfuncionarios señalaron que, en numerosos casos, el seguimiento del dinero se interrumpe cuando se produce la salida del sistema bancario.
En ese sentido, María Eugenia Lanza afirmó: «Puedo ir a preguntarle al contribuyente qué hizo con esa plata, pero la trazabilidad se termina cuando se saca por ventanilla».
En esa línea, el debate se centró en la dificultad de reconstruir el recorrido del dinero cuando las operaciones no quedan registradas en el circuito bancarizado.
Durante la audiencia también se explicó cómo se cruzaron los datos aportados por el arrepentido Ernesto Clarens con información bancaria y fiscal de distintas empresas investigadas.
«Se establecía qué persona retiraba el efectivo y buceábamos en las bases del organismo a ver qué obteníamos», sostuvo Lanza.
Según explicó Lanza, el equipo comparaba los movimientos bancarios con los hechos descriptos por Ernesto Clarens para detectar coincidencias entre las extracciones de efectivo y las operaciones investigadas.
Otro de los puntos abordados durante la audiencia fue la existencia de proveedores considerados apócrifos en distintas operatorias bajo investigación.
En ese marco, María Eugenia Lanza explicó que este tipo de situaciones obliga a intentar reconstruir el recorrido del dinero para determinar su destino final, aunque en muchos casos esa trazabilidad no puede completarse.
«Cuando uno tiene proveedores apócrifos, esa plata fue a algún lugar», señaló la testigo durante su declaración ante el tribunal. Y añadió: «Si es efectivo se pierde el rastro».
Lanza también explicó que las tareas se realizaron exclusivamente en respuesta a requerimientos judiciales y no mediante fiscalizaciones directas a las empresas.
Según indicó, el equipo trabajó con información del organismo y datos aportados por terceros para reconstruir parte de los movimientos financieros investigados.
La audiencia concluyó tras varias horas de exposición de los testigos, mientras el tribunal continúa avanzando en la etapa de análisis de pruebas y testimonios dentro del extenso juicio oral.
En las próximas jornadas se espera la declaración de nuevos ex funcionarios de la AFIP, en un tramo del proceso enfocado en profundizar el seguimiento de las maniobras económicas bajo investigación.
