La desregulación de los correos internacionales (couriers) que habilitó Federico Sturzenegger para debilitar al estatal el Correo Argentino, se chocó de frente con la Aduana. El puerta a puerta, que el Gobierno vendió como una autopista para comprar afuera en sitios como Amazon o Temu habilitó un sistema de CUIT apócrifos, que las plataformas usan para superar el límite de cinco envíos por año.
El cruce quedó expuesto en la Jornada Comex organizada por el Centro Despachantes de Aduana. Allí, el titular de la Aduana, Andrés Velis, se paró frente a los profesionales del sector y apuntó contra la reformas de Federico Sturzenegger.
Velis dijo que la normativa vigente «ha relativizado la función del despachante», que tiene por objetivo «identificar de forma inequívoca quién realiza cada declaración en una destinación aduanera». O sea, saber quién está detrás de cada operación.
La reforma de los courier está incluida en la ley Bases y de los decretos posteriores que cambiaron el Código Aduanero. Esa reforma habilitó a que cualquier persona física o jurídica pudiera avanzar con trámites aduaneros sin pasar necesariamente por un despachante matriculado. Para Sturzenegger era simplificación. Para los técnicos del sector fue otra cosa: la licuación de una profesión.
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Pero además de manera explícita se dejó afuera al estatal Correo Argentino, que compartía en partes iguales el negocio del courier con los correos privados y ahora perdió el 80% de su facturación en ese negocio. Mientras los courier mandan directo al domicilio sin mas trámite, los envíos que llegan por el Correo Argentino deben seguir un tortuoso sistema de telegram, ingreso del CUIT a una página web y recién ahí se libera.
El Centro de Despachantes, que nuclea a más de 3.000 profesionales en todo el país, presentó un pedido formal al ministro para revisar el sistema. La queja central es que el nuevo perfil de «declarante» equiparó a un usuario común con un profesional formado durante años para clasificar mercadería, interpretar normas, responder por una destinación y evitar errores que pueden terminar en multas, litigios o delitos aduaneros.
La pelea se agravó por el régimen courier. La flexibilización permitió envíos de hasta 50 kilos y hasta 3.000 dólares por operación, con franquicia de hasta 400 dólares en derechos de importación y tasa de estadística para pequeños envíos, aunque con IVA. Esa ventana alentó el boom de compras por plataformas internacionales y volvió más fina la línea entre consumo personal, reventa informal y contrabando por simulación.
Velis fue directo sobre ese agujero. Admitió que la Aduana perdió parte del control en las declaraciones. «Tengo la CUIT pero no el domicilio fiscal», reconoció. Por eso anunció una revisión integral del régimen y anticipó que se reforzarán los cruces de información para evitar el uso indebido de identificaciones fiscales.
La DGA trabaja en actualizar los datos vinculados al CUIT y al domicilio fiscal electrónico. La idea es mejorar la trazabilidad de las operaciones y prevenir fraudes o inconsistencias en las bases de datos. En el nuevo esquema, Aduana quiere saber antes del arribo del paquete quién compró, qué compró, cuánto vale y qué tributo corresponde.
En esa línea, Velis adelantó una prueba piloto con Amazon. El objetivo es que las plataformas de comercio electrónico puedan incorporar información previa de las operaciones y cobrar tributos por anticipado. La Aduana busca alimentar mejor su matriz de riesgo. Menos fe ciega en el formulario. Más control antes de que el paquete toque piso argentino.
El caso más llamativo fue el de los CUIT fantasma. Velis contó que se usaron identificaciones de Juan Domingo Perón y Eva Perón para operaciones de importación. La escena parece de sainete, pero describe un problema serio: el sistema permitía que un número fiscal inactivo, robado o perteneciente a una persona fallecida atravesara la barrera aduanera sin bloqueo inmediato.
La trampa funcionaba por un delay entre bases oficiales. El RENAPER podía informar a ARCA si una persona estaba habilitada o no, pero la actualización no siempre llegaba en tiempo real. En esa rendija entraban los vivos de siempre. Usaban CUIT de fallecidos, menores o terceros para saltar límites por persona y esconder al verdadero operador.
Velis prometió reinstalar filtros para que no declaren importaciones niños de 1 o 4 años ni personas fallecidas. La frase, dicha en voz alta, mostró el absurdo del sistema. La libertad del courier había terminado necesitando un jardín de infantes y un cementerio como base de datos.
No fue el único antecedente. La causa de la influencer Valentina Olguín, procesada por contrabando simulado, expuso otra cara del mismo desorden. La Justicia Federal de Tucumán investigó el uso de CUIT de cinco gobernadores para importar ropa desde el exterior bajo el sistema courier. Entre los nombres mencionados aparecieron Axel Kicillof, Rogelio Frigerio, Osvaldo Jaldo, Marcelo Orrego y Sergio Ziliotto.
El costo político para Sturzenegger no es menor. El ministro hizo de la motosierra regulatoria una bandera. Pero la Aduana le está mostrando que el control no necesariamente es casta, ni todo trámite es una traba. Hay controles que protegen recaudación, industria, seguridad y trazabilidad. La línea entre simplificar y abrir un boquete puede ser muy delgada.
En el Gobierno admiten que el golpe es incómodo. «Esto no es una discusión de papeles. Es una interna sobre hasta dónde se puede desregular sin romper el tablero», dijo a LPO una fuente al tanto de la disputa. Según esa lectura, Velis no actuó como un funcionario suelto. Su movimiento también fue leído como fuego amigo dentro de una administración donde el área política de Santiago Caputo mira con recelo algunos experimentos del laboratorio Sturzenegger.
