El peronismo santafesino se adelantó al frente oficialista y presentó su propio proyecto de reforma electoral mientras Unidos todavÃa intenta ordenar sus diferencias internas para consensuar una propuesta común.
Tras la sanción de la nueva Constitución, donde se modificaron criterios de representatividad, la Legislatura provincial tiene que dictar una nueva ley electoral pero las diferencias en el frente oficialista trabaron el tema y el ex gobernador aprovechó para presentar un proyecto propio.
La iniciativa fue impulsada por los diputados de Perotti y lo acompañaron Miguel Rabbia, del armado de Marcelo Lewandowski y Lucila De Ponti, del Movimiento Evita. Fuentes del perottismo que hablaron con LPO admitieron que esperan la convocatoria del gobernador a los distintos partidos para abordar el tema de manera insitucional: «todavÃa no han llamado», dijo el hombre del ex gobernador.
El problema es que en el frente que conduce Maximiliano Pullaro aún no logró cerrar una propuesta común de la ley y se dieron plazo hasta principios de julio para retomar conversaciones con la idea de tratarlo y aprobarlo en agosto.
El frente que conduce Maximiliano Pullaro aún no logró cerrar una propuesta común de la ley y se dieron plazo hasta principios de julio para retomar conversaciones con la idea de tratarlo y aprobarlo en agosto
Entre los principales puntos de la propuesta de Perotti plantea mantener el esquema actual de Boleta Ãnica de Papel con cinco boletas separadas por categorÃa (gobernador, senadores, diputados, intendentes y concejales) y rechaza los cambios que algunos sectores del oficialismo impulsan para unificar candidaturas ejecutivas y legislativas en una misma papeleta.
Una de las reformas que intenta el pullarismo y es resistido por los socialistas y el PRO es pegar la categorÃa de diputados provinciales a la del candidato a gobernador e impedir que haya listas de diputados sueltas. Sin embargo, eso lo rechazan los aliados.
Según pudo saber LPO de fuentes al tanto de la discusión, una alternativa que barajan en el oficialismo es que en las PASO haya boletas independientes y recién se unan la categorÃa de gobernador con la de diputado provincial y la de intendente con la de concejales en la instancia de las Generales.
La iniciativa del peronismo también ratifica la continuidad de las PASO obligatorias y establece que las fuerzas polÃticas deberán superar el 1,5 por ciento del padrón electoral correspondiente para acceder a la elección general.
El punto más novedoso es la cláusula para evitar el «borocotazo». El texto establece que los cargos obtenidos pertenecen al partido o frente que postuló al candidato y que, si un legislador rompe deliberadamente con ese espacio una vez asumido, pierde la banca.
Sin embargo, el proyecto de Perotti fija un umbral del 3,5 por ciento para participar en el reparto de bancas legislativas mediante el sistema D’Hondt, un porcentaje inferior al 5 por ciento que impulsan sectores del oficialismo y también algunos senadores justicialistas liderados por Armando Traferri.
Otro de los aspectos más novedosos es la obligación de presentar candidaturas integrales. El proyecto impide que una fuerza compita con listas legislativas sin presentar candidatos a gobernador y vicegobernador. La misma lógica se aplica en las ciudades donde coinciden las elecciones de intendente y concejales.
Pero el punto más novedoso es la cláusula para evitar el «borocotazo». El texto establece que los cargos obtenidos pertenecen al partido o frente que postuló al candidato y que, si un legislador rompe deliberadamente con ese espacio una vez asumido, pierde la banca y debe ser reemplazado por quien siga en la lista para que el frente pueda sostener su representación.
En la Legislatura de Santa Fe hubo casos resonantes de rompimientos de bloques. De hecho, Amalia Granata sufrió la sangrÃa de sus diputados en los dos mandatos. En esta última gestión ya se le fueron tres bancas.
La propuesta de Perotti se completa con la creación de un Tribunal Electoral integrado por jueces sorteados del fuero contencioso administrativo, incorpora debates obligatorios entre candidatos a gobernador y establece mecanismos de participación de observadores electorales.
