Con la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se publicó el decreto 467/2026 que busca simplificar trámites, evitar procesos redundantes y cubrir vacantes más rápidamente. El objetivo es adaptar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales y acelerar los nombramientos.
Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de enviar los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación.
Según argumentó el Ejecutivo, la medida busca evitar procesos duplicados y concentrar la participación ciudadana en la etapa legislativa. La información de los candidatos seguirá siendo publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, aunque ya no será necesario hacerlo en diarios de circulación nacional.
Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluindo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) también seguirá verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes.
La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación, lo que significa que los requisitos de aprobación por parte del Senado siguen siendo los mismos. El texto publicado no menciona la recomendación dirigida al Presidente para considerar criterios de diversidad, especialidad y representación regional al momento de proponer candidatos.
La medida ha sido criticada por la oposición, que argumenta que se está perdiendo la transparencia y la participación ciudadana en el proceso de designación de jueces. El Gobierno responde que la medida busca simplificar trámites y acelerar los nombramientos, pero hay quien cuestiona si se está sacrificando la calidad y la transparencia del proceso.
