Recientemente el staff del FMI aprobó la segunda revisión del programa vigente con Argentina y con ello se habilitaría un desembolso de u$s 1.000 millones, previa ratificación de su Directorio. A su vez, el Banco Mundial y el BID aportarían como garantía de préstamos privados unos u$s 2.000 millones y u$s 550 millones, respectivamente. Este paquete de dólares serviría para cubrir casi la totalidad de los vencimientos de deuda de julio (u$s 4.200), mientras se sigue profundizando el actual modelo.
En el comunicado del FMI se señala que el equilibrio fiscal se mantendrá como “el ancla principal de política del programa”, consistente con un superávit primario del 1,4% del PIB para 2026. Se espera que con el tiempo “reformas bien secuenciadas en los marcos impositivo, previsional y fiscal mejoren aún más la calidad y la durabilidad del ancla fiscal”.
No obstante, se omite toda mención al ajuste que padece gran parte de la ciudadanía, así como a los riesgos del frente externo, explicitados en un informe del Banco Mundial.
Entre los datos oficiales conocidos en la semana que pasó, la deuda pública medida en dólares subió entre diciembre y marzo u$s28.753 millones. Desde el oficialismo se ha insistido con el argumento de que la deuda es una consecuencia directa del déficit fiscal. En este marco, ¿cómo es posible que las obligaciones del Estado nacional sigan aumentando si nuestro país posee superávit fiscal? La respuesta habría que buscarla, en gran parte, en la forma en la que el gobierno mide el superávit, que no incluye a los intereses capitalizados, los cuales son contabilizados como incremento de la deuda en pesos sin pasar por el cuadro de resultados.
Otra variable que suele vincularse a lo fiscal es la inflación, que en marzo se aceleró al 3,4%, dinámica que se observa hace diez meses. Esta vez, el mayor impacto provino de la suba de los combustibles, de las tarifas de servicios públicos y de la educación.
Con superávit fiscal y emisión monetaria bajo control, según la teoría libertaria la inflación no debería estar subiendo. A su vez, si la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, ¿por qué en abril se decidió que YPF pausara los aumentos en los surtidores? ¿Y por qué el gobierno interfiere en las paritarias poniéndole un tope al aumento de los salarios? Más allá de la falta de robustez de las teorías utilizadas por el gobierno, la postura resulta funcional al ajuste del gasto y el achicamiento del Estado.
El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que “a partir de abril vamos a tener una desaceleración importante” de la inflación, que ya tiene “certificado de defunción”. Luego expresó: “los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”. Las promesas de siempre.
El propio FMI acaba de rebajar la proyección de crecimiento de nuestro país para 2026, del 4% al 3,5%. Según funcionarios del Fondo, ello “se debe en gran medida al menor impulso de la actividad que vimos en la segunda mitad del año pasado”. En tanto, incrementó la proyección de inflación para 2026, que se sitúa en el 30,4%, casi el doble de la estimación realizada en octubre pasado (16,4%), un recálculo considerable.
¿Un futuro mejor?
Lo concreto es que la “luz al final del túnel” tarda en aparecer, ya sea bajo la forma de una baja de la inflación o de una llegada masiva de inversiones.
En una entrevista, Alejando Díaz, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), hizo referencia a la situación de los ingresos, del consumo, y de los sectores productivos hoy afectados. A contramano de las promesas de Caputo, señaló que “no hay ningún elemento para pensar, excepto que haya un cambio en política relevante, que hoy no visualizamos, una recuperación profunda los próximos 18 meses”.
Destacó además que los sectores que guiarán el desarrollo serán “minería, gas y petróleo, ciencias del conocimiento y agronegocios”. Son precisamente aquellos que tienen menos para aportar en términos de empleo. Respecto de los tiempos, comentó: “no visualizamos una lluvia de inversiones, y mucho menos en 2026 y 2027”. En cuanto a minería, indicó que “hay 12 proyectos aprobados del RIGI con una inversión acumulada de 26.000 millones de dólares. Pero esos 26.000 millones no van a venir en seis meses, van a venir en ocho años”.
En el modelo actual, y suponiendo que lleguen las inversiones, la producción se concentrará en tres o cuatro sectores, con gran predominio del capital multinacional, que gozará de amplios beneficios. Los sacrificios del presente se plasmarán en más desempleo, precariedad y mayor concentración del ingreso y la riqueza. No parece un panorama deseable.
Presidente Partido Solidario
Ambito
