El Municipio de Madariaga se encuentra en el centro de la polémica tras la publicación del Decreto Municipal N° 233/26. Los bloques opositores del Honorable Concejo Deliberante de General Madariaga han presentado un pedido de informes exigiendo explicaciones al Departamento Ejecutivo sobre el nombramiento de Luciano José Balbín como jefe de departamento en la Secretaría de Políticas de Prevención de Seguridad.
Incompatibilidad legal y antecedentes penales
El eje del conflicto radica en la situación judicial de Balbín. Según la iniciativa presentada por los concejales de Fuerza Patria y PJ-MDF, el funcionario se encuentra actualmente imputado y en instancia de juicio oral por los delitos de vejaciones y apremios ilegales.
Los ediles advierten que esta designación vulnera directamente la Ley Provincial N° 14.656 y el Estatuto de Empleo Público. Ambas normativas son taxativas al prohibir el ingreso a la administración pública de personas que se encuentren imputadas por delitos dolosos.
Los puntos clave del pedido de informes
El documento ingresado al Concejo Deliberante busca esclarecer dos puntos fundamentales:
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Conocimiento previo: Si el Ejecutivo estaba al tanto de la causa penal al momento de firmar el decreto.
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Análisis legal: Qué criterios se utilizaron para otorgar un cargo jerárquico en un área tan sensible como Seguridad a una persona procesada por hechos de violencia.
“Se trata de una decisión de extrema gravedad institucional. No solo se estaría incumpliendo la normativa vigente, sino que además se designa en un área sensible como la seguridad a una persona que está siendo juzgada por hechos vinculados al ejercicio de la violencia”, señalaron los representantes de la oposición.
Acciones ante la Justicia
En paralelo al pedido local, los bloques impulsores enviarán una comunicación al Ministerio Público Fiscal. El objetivo es obtener un informe oficial y detallado sobre la calificación de los hechos y el estado actual de la causa penal que pesa sobre Balbín.
La oposición subrayó que el acceso a cargos públicos debe regirse por la transparencia y la idoneidad, valores que consideran puestos en riesgo con esta medida. Se espera que en las próximas sesiones el Departamento Ejecutivo brinde las respuestas pertinentes ante lo que consideran una irregularidad administrativa y ética de gran magnitud.
