Hace unos días, la oposición había denunciado irregularidades en el control de venta ambulante y bares «clandestinos» en Cariló. El yugo calló sobre el Inspector General de Pinamar, Sebastián Manrique quien tuvo que renunciar a raíz de la presión.

En igual situación aunque aún no se sabe su futuro, es el del Director de Fiscalización, Pablo Bertozzi, sobre quien además pesa una denuncia penal, por presunto “incumplimiento de deberes de funcionario público”

Todo surge por el bloque político PROPIN, quien tomó los reclamos de vendendores ambulantes de playa, donde exponían “persecución, desorden y arbitrariedades” por parte de los funcionarios encargados de controlar las actividades comerciales.

Asimismo, se sumó a la situación en que los inspectores habrían hecho “la vista gorda” ante “dos bares de playa clandestinos de 12 metros cuadrados”, según indicaron desde la oposición. Esos emprendimientos, aseguran, estarían vinculados a familiares y amigos de los inspectores, y funcionaron durante todo enero sin que se les labrara acta ni se procediera a la clausura.

 

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