La economía argentina se encuentra en una situación crítica. La coalición gobernante del Frente de Todos (FdT) se enfrenta a una economía sobredeterminada con pocos grados de libertad para hacer política económica. Sintéticamente, las restricciones aparecen por el sector externo y el frente interno. El primero remite a la restricción externa y la escasez de divisas, mientras que el segundo refiere a las condiciones de vida de la población trabajadora.

Las internas del FDT y la intempestiva salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía generaron una mayor incertidumbre en un contexto de inestabilidad macroeconómica. Tras la renuncia de Guzmán, asumió Silvina Batakis, reconocida por sus capacidades técnicas y políticas con el aparente apoyo de la coalición de gobierno. Sin embargo, luego de los primeros anuncios, no parece haber cambios significativos y las medidas se resumen en la búsqueda del equilibrio fiscal, segmentación de las tarifas de consumo energético para la reducción de subsidios, tasas de interés reales positivas, control sobre las importaciones y el uso de las divisas, congelamiento del empleo público y evitar la devaluación. Sin alcanzar un mes de gestión, ya se habla de un nuevo cambio de la mano de Sergio Massa.

En este contexto, la economía argentina muestra crecimiento económico aunque con signos de desaceleración en los últimos meses. Asimismo, el fuerte incremento de las importaciones reducen el excedente comercial y el saldo de cuenta corriente. El excedente de balanza comercial de bienes de los últimos 18 meses no se tradujo en acumulación de divisas y los controles cambiarios han dado lugar a tipos de cambios múltiples de facto y mayores brechas cambiarias. Esto último incentiva conductas especulativas de comercio exterior como la retención de la cosecha de soja a la espera de un mejor tipo de cambio y a pesar de la caída de los precios internacionales. Esta semana, el gobierno decidió ceder a las presiones de un sector del agro y ofrecer beneficios para una acelerada liquidación de exportaciones durante agosto. El objetivo sería el ingreso de dólares durante agosto, esperar a que pase el invierno para reducir las importaciones de energía y evitar dentro de lo posible una devaluación descontrolada. Una vez más, vale preguntarse si podemos seguir creciendo a una tasa incompatible con las exportaciones. A esto, debemos agregar la caída de los términos de intercambio con la caída del precio de los commodities después del boom y el precio internacional de la energía.

Simultáneamente, la inflación no cede y el tipo de cambio real se aprecia. Argentina entró en un régimen de alta inflación donde las anclas nominales como el tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos no alcanzan para contener la escalada de precios. En este contexto, junto con la crisis política interna al FdT, distintos sectores de la sociedad desatan abiertamente la puja distributiva. Una de las consecuencias recientes fue la corrida contra la deuda en pesos (desplome de títulos atados al CER) y cambiaria de las últimas semanas (aumento de la brecha en el dólar oficial y el paralelo similar a fines de 2020).

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Por otro lado, debemos considerar la restricción interna. Si bien las condiciones estructurales y financieras imponen restricciones sobre el crecimiento, las condiciones de vida de la población imponen límites al ajuste ¿Qué tan viable es continuar con estos niveles de pobreza y remuneraciones? ¿Es viable promover un ajuste fiscal en términos económicos y sociales? Junto con la recuperación económica, la creación de empleo se mantiene en aumento, aunque con niveles de precariedad relativamente elevados y salarios relativos bajos. De esta manera, el mejor resultado que puede mostrar el gobierno tiene asociada una menor participación de los/as trabajadores/as en el ingreso. Asimismo, el acuerdo con el FMI impone condicionamientos en relación al déficit fiscal frente a los cuales no se cuenta con capital político ni holgura económica para enfrentar. No sólo no se acumulan las reservas, sino que también existen dificultades para alcanzar el resto de las metas. La reducción del déficit sólo puede ser gradual, teniendo en cuenta que el gasto está mayormente indexado, salvo por la obra pública. Tal como está planteada, la segmentación tarifaria para reducir los subsidios al consumo de energía es un proceso gradual, de bajo impacto y condicionado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Otro dilema emerge. El ajuste no es posible y el déficit no encuentra financiamiento. ¿Qué camino elegir? En este contexto, la única propuesta que reconoce derechos para garantizar la alimentación de 7,5 millones de personas es el proyecto del Salario Básico Universal (SBU). El SBU no sólo implica una redistribución más equitativa del ingreso, sino que propone hacer más eficiente el gasto público. En un contexto de restricciones fiscales, el SBU es la forma de dotar de la mayor progresividad posible al gasto fiscal y es compatible con las limitaciones sobre el déficit fiscal. La propuesta del SBU contempla un impacto fiscal del 1,8% que se reduce al 0,7%, si se tienen en cuenta los recursos que se obtendrían de concentrar otros progamas de apoyo a sectores populares y el retorno fiscal. Este monto podría cubrirse casi en su totalidad si se reasignase el 20% del gasto ejecutado en subsidios a las tarifas de energía y transporte. El avance de esta propuesta dependerá de la fuerza relativa de los sectores que pugnan por mantener y/o aumentar su participación en el valor agregado en nuestra sociedad y de la capacidad del gobierno  de sostener la delicada situación macroeconómica.

Sobre el autor: Es integrante del OCEPP

Fuente: ElPais Digital

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