Por Luciano Lago (*)
El gobierno de Vidal y Finocchiaro están cerrando cursos y escuelas públicas en toda la provincia y cesando a miles de maestras y profesores.
Esto lo hacen en medio de una empantanada paritaria docente, donde sólo se han reunido dos veces, y a pocos días del inicio del ciclo lectivo sostienen su miserable oferta de un 15% en cuotas, y sin cláusula gatillo, y con intención de imponer el presentismo (una suma fija de $ 4.500 para docentes titulares que no faltaron ni una vez en 2017).
Los políticos que han gobernado la Provincia de Buenos Aires, los del PJ y ahora Cambiemos, saben que la paritaria docente es una discusión estratégica, y más ahora cuando el gobierno busca llevar adelante un brutal ajuste para imponer a todos los trabajadores estatales salarios de pobreza, que sea modelo a repetir también en el sector privado.
Tal cual lo declaró el mismísimo presidente:
“El plan es mostrar dureza [con los docentes] para condicionar otras paritarias” (Clarín, 11.02.18).
En la agenda del gobierno está profundizar la guerra contra los trabajadores, y Vidal lleva al pie de la letra este libreto con los docentes y las familias trabajadoras con alumnos de la escuela pública.
Ejemplo irrefutable de esto es el reducido presupuesto a educación aprobado el año pasado por Cambiemos y los bloques opositores PJ-Kirchnerista y Massista, demagogos que ahora recitan discursos opositores, mientras aprueban sistemáticamente a mano levantada en el Congreso las leyes oficialistas.
La situación docente es grave, han dejado a miles y miles de compañeros cesantes por cierres de cursos, fusiones, carreras, escuelas, especialidades como adultos y especial.
Madariaga no escapa a esta realidad y anteponiendo la frase “optimizar recursos”, las autoridades bajan el mando de fusionar y cerrar cursos, llevando adelante un ajuste, en vez de preservar el derecho a la educación ante todo.
También hay varios casos de docentes madariaguenses que han recibido la jubilación de oficio, quitándole de un plumazo la obra social y sus haberes.
Esto se da en un marco donde el gobierno provincial está vaciando el IPS, fraguando deuda de un día para el otro, para justificar una armonización con el ANSES y poder disponer de los fondos de nuestras jubilaciones.
Todos estos recortes y ajustes tienen como objetivo saciar los compromisos financieros internacionales contraídos por el gobierno a los fondos buitres y el Fondo Monetario Internacional.
Lamentablemente para nuestros funcionarios es más importante alimentar la deuda externa que invertir los recursos en salarios dignos, sostener el derecho al trabajo, en salud y educación públicas de calidad.
Con su característico cinismo, en cada oportunidad en que la gobernadora se refiere a la educación sostiene que su prioridad es que “los chicos aprendan”.
Sin embargo, queda claro que este no es su objetivo ni su prioridad ya que a través de este conjunto de medidas ataca a la educación pública, empeorando las ya deficitarias condiciones de trabajo y estudio en las escuelas, haciendo que las aulas estén aún más hacinadas.
La desidia es parte del desguace de la educación pública, proceso de degradación que favorece a la educación privada, la cual ha crecido exponencialmente en las últimas décadas.
El austero presupuesto a educación no ha sido obstáculo para seguir sosteniendo a través de subsidios a las escuelas privadas y clericales.
En nuestra localidad, el Estado financia el 100% de los salarios docentes de una de estas instituciones.
También queda demostrado que los anuncios del mes de febrero sobre construcción de 650 aulas es otra de las farsas de la gobernadora, que en el mes de diciembre decidió cerrar la Unidad Ejecutora Provincial, organismo a cargo de la reparación y construcción de escuelas, dejando a cientos de sus trabajadores en la calle y dando de baja decenas de licitaciones para la construcción de escuelas en la provincia.
Al igual que Macri, que durante su campaña anunció la creación de 3000 jardines de infantes, Vidal promete construir escuelas, pero cada una de sus políticas en educación deja en evidencia que su objetivo es el vaciamiento de la educación pública.
Ante semejante plan de ajuste, toda la comunidad educativa debe organizarse y por medio de asambleas definir acciones para enfrentar el recorte educativo. Es hora de un Congreso de bases con mandato para romper con el tope a la paritaria, establecer un plan de lucha votado por los trabajadores y el desarrollo de una paro nacional activo que unifique las luchas de cientos de miles.
Luchemos por un salario básico unificado nacional de $17000, con ninguna suma en negro y rechazar el presentismo. En defensa del derecho a licencia, de nuestro Estatuto, de la jubilación y la educación pública. Rechazamos el Plan Maestro y defendemos la educación integral.
(*) Docente, Secretario General de SUTEBA Madariaga.