Las idas y venidas con el conflicto judicial que mantiene la Municipalidad de Madariaga con EcoPlata, se asemeja a una bola de nieve sin tomar la verdadera dimensión del problema millonario que existe en el medio, más allá del impacto ambiental por los residuos e incendios ocurridos en el predio.
De un lado la gestión de Esteban Santoro avanza con un apremio por una deuda estimada por la comuna en $ 11.790.645,94 a raíz del convenio de pago no cumplido parcialmente por la empresa, esta liquidación se encuentra impugnada por EcoPlata y no tardaría mucho en caer en firmeza. Claro está, y de la forma que viene dándose el asunto, los demandados apelaran y se seguirá debatiendo hasta no se sabe cuándo, los demandados podrán luego reclamar por los daños y perjuicios abriendo a prueba el fondo del asunto respecto al origen de la deuda, es decir, si correspondía o no abonar.
Lo cierto es que “la toma” del predio de propiedad de la familia Tiberio por parte de la Municipalidad, se efectuó utilizando dos mecanismos, uno político rescindiendo el contrato unilateralmente alegando falta de cumplimiento del mismo; y otro judicial en el marco de un expediente en trámite ante la justicia de Dolores a través de una medida cautelar.
Las medidas cautelares para el entendimiento del común de la gente, no son medidas firmes, no admiten un aviso o respuesta del otro a quien se interpone, sólo se requieren 3 cosas: a) la llamada verosimilitud del derecho, es decir que quién la solicite tenga al menos un interés para hacerlo además del «aparente» derecho sin que se pruebe una certeza, para eso está la sentencia final; b) también se requiere que exista una prontitud o peligro en la demora, dicho de otro modo, que no se pueda esperar hasta la sentencia; c) y por último la contra-cautela, un depósito dinerario, o bien una declaración jurada asumiendo los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por pedir una medida cautelar sin asistirle derecho.
Con estos mínimos elementos judiciales la bola de nieve empezó a girar, por un lado la Municipalidad fue beneficiaria de la medida cautelar solicitada en primera instancia para hacerse del servicio, al mismo tiempo rescindió unilateralmente el convenio suscripto en el año 2017 con la empresa, mucha más nieve se sumó ya que Pinamar y Villa Gesell también disponen de residuos en el predio pagando un canon; sumemos que el predio no es municipal sino que es privado de la familia Tiberio, la municipalidad toma –preventivamente- un derecho del servicio pero no de dominio de la tierra, ya que no hay expropiación, la expropiación sólo puede ser dictada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y no por el Concejo Deliberante, además de que tampoco es gratuita sino previo pago indemnizatorio al propietario; en otra punta se acumuló más nieve en el juicio por apremio en el Juzgado de Paz de Madariaga, el fondo del asunto en Dolores todavía no tiene sentencia firme, mientras que EcoPlata solicita que se le abone el 72% de lo que paga la Municipalidad de Pinamar; esto es las sumas mensuales de $ 775.384,94 en temporada alta y $ 567.842,58 en temporada baja; y como si fuera poco ahora la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto la medida cautelar que otorgaba un marco jurídico a la Municipalidad para detentar el servicio en el predio, dejando la situación como si hoy estuviéramos en diciembre de 2018, con un convenio rescindido por voluntad política de Esteban Santoro, basura de tres municipios, e intereses millonarios sumándose de un lado y del otro.
El escenario actual para Madariaga es sostener la manzana en la cabeza mientras alguien apunta con una flecha, nervioso por el año electoral y el resultado obtenido en la provincia. No en vano la Municipalidad de Madariaga reitera cada dos palabras «que esto es una voluntad de hace 3 años gracias a Vidal» y que «antes no se había hecho nada», etcétera. Si todo sale bien será una cosa, si todo sale mal… y aún con un resultado a media tintas, el panorama será otro para las arcas municipales.
De suyo que nunca sale gratis rescindir un contrato unilateralmente, a la larga se paga con dinero, o con una batalla judicial eterna.