El 30,3% de las personas encarceladas con prisión perpetua fueron condenadas en la provincia de Buenos Aires, según datos publicados en el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena hasta diciembre de 2021.
Los datos oficiales, que fueron recientemente sistematizados en un informe por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), señalan que para diciembre de 2021 eran 2.489 las personas que se encontraban condenadas a prisión perpetua en cárceles de todo el país, sobre una población carcelaria de 101.267 y condenada de 55.933.
“La información disponible indica que 9 de cada 10 personas privadas de libertad y condenadas con prisión perpetua son varones, de nacionalidad argentina y con un nivel educativo bajo, lo que se corresponde con las características generales de la población encarcelada”, indicó la Comisión.
Y agregó: “Resulta especialmente preocupante la importante sobrerrepresentación de mujeres: mientras que alcanzan al 7,3% dentro del grupo condenado a prisión perpetua, representan el 4,4% del total de personas presas en el país”.
La CNPT indicó que “también resalta la edad del colectivo condenado” ya que “más de un tercio tiene entre 35 y 44 años”. “Resulta esperable que sea un grupo levemente mayor al promedio considerando que se trata de personas detenidas por períodos prolongados y muchos años de su vida transcurren en el encierro”, sostuvo el organismo.
De las 2.489 condenas a prisión perpetua a nivel nacional para diciembre de 2021, 753 (30,3%) fueron condenadas en la provincia de Buenos Aires. En tanto, para la fecha señalada, las cárceles bonaerenses alojaban al 32,8% (817) de los penados en esa situación.
La CNPT pide debatir
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) pidió iniciar “un debate” sobre “las penas previstas en el Código Penal” para delitos graves.
Luego de las decisiones judiciales de condenar a prisión perpetua a los rugbiers por el homicidio de Fernando Báez Sosa y a las asesinas de Lucio Dupuy, la CNPT planteo discusiones vinculadas a las penas de prisión perpetua y la finalidad de la reinserción social de las mismas.
“Las condenas impuestas recientemente en casos de gran resonancia pública han vuelto a poner en el centro de la discusión a la pena de prisión perpetua”, indicó el Comité en una publicación en sus redes sociales.
La CNPT indicó que “delitos graves como los sufridos por las víctimas en estos casos merecen una sanción adecuada a las personas responsables” y que “tanto nuestra Constitución Nacional como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos prevén que la finalidad de las penas sea la reinserción social de la persona”.
Sin embargo, consideró que las modificaciones a la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de libertad y al Código Penal realizadas entre 2004 y 2017 “restringen, para una amplia gama de delitos, la posibilidad de acceder a salidas transitorias, libertad condicional y otros institutos propios del régimen de progresividad”. “Esto supone, para las condenas por los delitos que prevén pena de prisión perpetua, como los homicidios agravados, la posibilidad de que material y efectivamente sean perpetuas”, indicó.
La CNPT señaló que “las obligaciones internacionales asumidas por Argentina implican que se tenga que adecuar la legislación interna a los estándares en materia de reclusión o prisión perpetua, que señalan que debe aplicarse de manera excepcional, ser proporcional y limitada por el fin de resocialización previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
“El Comité considera necesario y urgente iniciar un debate para revisar, por un lado, las penas previstas en el Código Penal para los delitos graves, como los homicidios calificados, que prevén como única opción la prisión perpetua y, por el otro, las reformas normativas llevadas a cabo en los últimos años que desvirtúan el régimen de progresividad y el fin resocializador de las penas”, agregó. (DIB)
Fuente y Foto: DIB