Organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizarán este martes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para denunciar que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, mantiene una presión sobre le Poder Judicial de esa provincia para que la dirigente social Milagro Sala «vuelva a la cárcel», por lo cual rechazarán lo que señalan como «revanchismo» de parte del Gobierno provincial contra la líder de la organización Túpac Amaru.

La movilización de apoyo a Milagro Sala se desarrollará desde las 14 con una concentración en las inmediaciones del Obelisco, para luego marchar hacia la sede de la cartera de Justicia, ubicada en la calle Sarmiento 329 del microcentro porteño.

En un comunicado de prensa, los integrantes del Frente Milagro Sala, anunciaron la convocatoria bajo el lema: «Basta de revancha contra Milagro Sala. Nos concentramos en el Obelisco».

En cuanto a los motivos de la protesta, advirtieron que «Gerardo Morales le ha dado la orden al Fiscal General de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para que Milagro Sala vuelva a cumplir su injusta condena en la cárcel».

Y añadieron: «Seis años y medio lleva en prisión Milagro Sala. Su actual prisión domiciliaria fue una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ubica las presiones de Gerardo Morales en una franca violación de nuestra Constitución Nacional».

Finalmente, remarcaron que «en Jujuy no hay Estado de Derecho, no hay Justicia independiente y los principios democráticos son sistemáticamente violentados por el gobierno de Morales. Hay que dejar de sacarse fotos con Gerardo Morales y terminar con esta mancha en la ética y la moral que significan los presos y las presas políticas de la Tupac Amaru en nuestra Patria».

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En ese marco, las organizaciones pidieron una audiencia con el ministro de Justicia, Martín Soria, para solicitarle que, en línea con una medida cautelar dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «intime al gobernador Morales a que no viole la Constitución argentina», consignó en diálogo con Télam Alejandro «Coco» Garfagnini, coordinador de la Túpac Amaru y del Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó el 23 de noviembre de 2017 una medida provisional sobre la situación de la dirigente social jujeña en la que requirió al Estado argentino que «adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala».

En esa resolución, emitida tras una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte IDH estableció además que el Estado argentino debía «sustituir la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive, o por cualquier otra medida alternativa que sea menos restrictiva de sus derechos que el arresto domiciliario».

Poco después de esa medida provisional, el 5 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que las autoridades judiciales intervinientes en la detención de Sala debían cumplir «con urgencia» los requerimientos dispuestos por la Corte IDH.

Fuente: ElPais Digital

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