A principios del 2004, el recordado filósofo José Pablo Feinmann escribió un artículo en el que denunciaba una nueva forma de ejercer el poder por parte de los sectores económicos y mediáticos concentrados. El título de la nota ya denotaba la hipótesis de su autor: «La colonización de la subjetividad» . Allí, el pensador señalaba una situación recurrente que hoy, 18 años después no sólo no perdió vigencia, sino que se profundizó: «El viaje en taxi, por consiguiente, se ha vuelto terriblemente aburrido. Uno sube, dice buenas tardes o buenas días o lo que sea y el taxista empieza a hablar. No bien dice las dos primeras palabras, uno ya sabe todas las otras que va a decir. No es él el que habla, es Radio Diez. El hombre cree que expresa sus ideas, pero expresa las ideas de otros. Cree que habla un lenguaje, pero es otro lenguaje (o, digamos, el lenguaje de Otro) el que habla por él». Al referirse a la figura representantiva del taxista, como actor social que se transforma en una especie de portavoz de ciertos discursos (que posiciona como verdades inamovibles), Feinmann desnudaba las nuevas estrategias de colonización del poder real hacia gran parte de la población.
En la actualidad, un tema sacude al debate público: el fiscal Diego Luciani pidió la pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua de cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y otros funcionarios de su gobierno, en la causa que juzga el supuesto direccionamiento de la obra pública. En gran parte de la sociedad y de la dirigencia política, la actuación del funcionario judicial causó una gran algaravía, sosteniendo desde esos sectores que el juzgamiento y el posible encarcelamiento de la expresidenta significa el arribo de la tan ansiada y postergada «justicia». En esos razonamientos que circularon con fuerza en los canales de televisión, en las radios, en las redes sociales, en el transporte público y hasta seguramente en las mesas familiares, el ¿cómo? de este proceso judicial ocupa un segundo o tercer plano de las charlas, con suerte.
A lo largo de sus efervescentes exposiciones, Luciani sostuvo y repitió su principal hipótesis: “Se ha constatado que los expresidente Néstor y Cristina Kirchner; el exministro Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti crearon una matriz de corrupción en la Administración pública y tomaron parte de ella y que la maniobra se extendió a lo largo de doce años”. Para el fiscal, la ahora vicepresidenta encabezó desde lo más alto del Poder Ejecutivo una «asociación ilícita» que aprovechó los resortes del Estado para exclusivamente «delinquir». Esta posición fue sostenida con frases rimbombantes que apelaron a interpelar al gran público, pero que en contrapartida careció de pruebas que sustenten su tan elogiada locuacidad narrativa. Pese a haber defendido el largo proceso de investigación que lo llevó al pedido de la pena, hay una hecho que, aunque invisibilizado por algunos, no puede ser negado por nadie: no se presentó ningún elemento probatorio en el que exista una firma de Fernández de Kirchner, una orden directa o siquiera un testimonio que ratifique lo dicho por el fiscal.
La última jugada fue negarle la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria a Fernández de Kirchner, luego de que Luciani incluya nuevas hechos en su último alegato. El Tribunal Oral Federal número 2 no hizo lugar al pedido de la defensa de la vicepresidenta y dejó con la última palabra, al menos esta parte del proceso, al fiscal Luciani, quien ayer hizo nuevamente uso de un discurso más político que jurídico. «Corrupción o justicia», bramó el funcionario. “Sin justicia no hay orden, ni desarrollo integral, ni tampoco paz social. Señores jueces, está en sus manos que no se siga banalizando la corrupción sistémica orquestada desde lo más alto del poder ejecutivo”, aseveró en la parte final de su actuación.
Luego del pedido de condena, desde el oficialismo y otros sectores salieron a marcar las irregularidades del proceso judicial contra la vicepresidenta. Pero el hecho más notable lo protagonizó días antes un protagonista inesperado: Míguel Ángel Pichetto. El excompañero de fórmula de Mauricio Macri y dirigente de Juntos por el Cambio aportó un poco de civismo al debate público en una entrevista que le hicieron en La Nación +. «Yo lo que no veo es elementos contundentes que puedan cerrar la figura porque no es concebible considerar a un gobierno democrático desde el primer día como una organización delictiva, me parece un poco mucho que un Gobierno se constituya para delinquir», sostuvo el ahora Auditor General de la Nación ante la perpejlidad de Jonatan Viale, que al escuchar esta definición de la boca de Pichetto le retrucó que el enriquecimiento de Lázara Báez es «un escándalo», a lo que el funcionario le aclaró: «Yo estoy hablando de otra cosa». No hay que mezclar peras con manzanas: algo que pareciera tan fácil de comprender hoy está bastante confuso para gran parte de la sociedad y está confusión no es azarosa obviamente, favorece a un sector bien identificado en es conflicto. Lo que aquí se cuestiona son las irregularidades en el proceso judicial, lo que se defiende en todo caso es la sustentabilidad del Estado de Derecho y lo que no se hace, en consecuencia, es una defensa ciega de la figura de la vicepresidenta.
Algunos compañeros de coalición de Pichetto, como Martín Lousteau, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, entre tantos otros, tomaron una postura distinta y por supuesto esperada. Felicitaron la actitud de Luciani y ponderaron su valor de justicia. Sin embargo, a la hora de hablar de las pruebas, las calificaron como «contundentes» pero no se explayaron mucho más. Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño volvió a destacar la «contundencia» de las pruebas presentadas por Luciani en un una entravista en Radio Con Vos, pero ante la repregunta sobre esta opinión, titubeó y pidió «dejar tranquila a la justicia». Se recomienda buscar este fragmento de este reportaje del programa de Ernesto Tenembaum para dimensionar la falta de argumentos para sostener su posición. Hubo otros como Fernando Iglesias que se animaron a comparar la figura de Diego Luciani como la de Julio Strassera, el fiscal del Juicio a las Juntas. Comparación que hoy un columnista de Clarín respaldó en una nota. En la misma sintonía, un periodista de TN sostuvo que era destacable el pedido de condena contra Fernández de Kirchner, luego en segundo orden puso su culpabilidad o inocencia: «Si es culpable o inocente después se verá», deslizó casi al pasar. Todo por el mismo precio.
El juicio ahora entrará en un cuarto intermedio hasta el 5 de septiembre y las condenas recién serán anunciadas en diciembre. No obstante, Cristina Fernández de Kirchner ejercerá hoy a las 11 su defensa por su cuenta ante la negativa del tribunal. Pese al tiempo de espera para la resolución, una sensación insondable de «verdad de justicia» circula en la atmósfera de un sector importante de la opinión pública. Para que esto pase, los poderes concentrados y mediáticos hicieron su imprescindible aporte, como advirtió Feinmann: «El Poder comunicacional es publicitario, publicita una y otra vez sus mercancías y sus ideas fetiche. Las vuelve seductoras. Nos entretiene. Mata nuestra conciencia entreteniéndonos… Al hacerlo elimina la posibilidad de las preguntas. Y sobre todo de la pregunta fundamental: “¿Es justo que el Poder sea el Poder? ¿Es justa la sociedad del Poder?” Y también: “¿Qué pienso ‘yo’ de todo esto?” Aquí asomaría ya la rebelión. Sofocar el surgimiento de esos estados deconciencia es la tarea de lo comunicacional en tanto colonización y oscurecimiento». Un último pedido o el único de quien escribe este artículo: que la creencia no mate la realidad….
Fuente: ElPais Digital