En una escuela rural de San Pedro los maestros iban a dejar de cobrar un plus por ruralidad y estuvieron a punto de ser reubicados porque la zona se quedó sin pobladores. Para evitarlo, metieron de caseros a una familia con antecedentes por usurpaciones para que dos de sus hijos sean los únicos alumnos del colegio. Tanto la madre como su hija de 14 años, están embarazadas. Y el único ingreso que tienen son subsidios del Estado. Viven dentro de un aula, donde duermen como «presos» junto a una garrafa. La directora no les habla. Y una maestra además es concejal, va una vez por semana y cobra dos salarios. Desde el Consejo Escolar admiten que sabían del hecho, pero reconocen que no hicieron «nada». Una muestra de cómo se decide la Educación en la Provincia, que atraviesa a políticos y sindicalistas. 

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