La Cámara Nacional Electoral resolvió hoy que la causa por los aportantes truchos de Cambiemos, que tramitaba en la justicia penal, pase al fuero electoral. La consecuencia más evidente de esa decisión es que ninguno de los acusados va a ir preso.
Tras un largo derrotero que incluyó pedidos de inhibitoria entre dos juzgados platenses y demandó la intervención de instancias superiores de la Justicia, la Cámara Nacional Electoral decidió hoy que la causa por los aportantes truchos de Cambiemos quede en manos del juez con competencia electoral, Adolfo Ziulu, titular del Federal 2 de La Plata.
La denuncia se había radicado originalmente en el juzgado criminal y correccional 3, a cargo de Ernesto Kreplak, ya que los autores de la presentación consideraron que había delitos penales en el medio, entre ellos “usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secretos y privacidad”.
La diferencia es sustancial: si se persiguen delitos penales, alguien puede terminar preso. Si se trata de infracciones electorales, a lo sumo pueden caber multas e inhabilitaciones. Tanto Kreplak como la fiscal Ana Russo consideraronen su momento que la investigación iniciada a partir de una denuncia de la senadora kirchnerista María Teresa García involucra como hipótesis «la comisión de diversos tipos penales -identificados preliminarmente por las partes-, previstos a priori por el Código Penal” y por tanto “ajenos en principio a la legislación específicamente electoral y, por ende, a la competencia del juez electoral”.
Pero el furioso lobby del oficialismo, que ya ha demostrado ser muy probo para sacarse a la Justicia de encima y dirigirla contra sus adversarios, tras un pedido del juez Adolfo Ziulu, y luego de la intervención de la Cámara Federal, logró que la decisión quede en manos de la Cámara Nacional Electoral.
Hoy, ese órgano, integrado por los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, ordenó remitir todas las denuncias al juzgado 2, que comanda Ziulu. Los magistrados consideraron que los hechos fueron denunciados ante el fuero penal «debieron indudablemente haber sido dirigidos al juez federal con competencia electoral».
Los denunciantes, que insisten con que la causa debe permanecer en el fuero penal, apuestan todas sus fichas a que Ziulu, una vez resuelta la cuestión electoral del expediente, observe y recomiende que se investigue la pata penal, a riesgo de ser él mismo denunciado por el mal desempeño de sus funciones.
La propia Cámara Nacional Electoral dejó entreabierta esa puerta. En un pasaje del fallo conocido hoy, asegura que el traslado a la competencia federal electoral «no supone privar de respuesta penal a los eventuales damnificados por delitos asociados a las irregularidades o ilícitos».