Manuel Adorni: el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario


El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, en el marco de la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La medida apunta a profundizar el análisis sobre la evolución patrimonial del funcionario.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la decisión del magistrado habilita el acceso a información sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y eventuales vinculaciones con billeteras virtuales. El objetivo es contrastar esos datos con las declaraciones presentadas ante los organismos de control y determinar si existieron inconsistencias.

En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con nuevas medidas de prueba y citó a declarar a cinco testigos. Entre ellos figura Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue propietaria del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito que luego adquirió el exvocero presidencial.

El nombre de Feijoo surgió tras un allanamiento realizado por la Policía Federal en la inmobiliaria Rucci, firma que intervino en la operación. El testigo deberá presentarse en tribunales el 22 de este mes, en el marco de una investigación que busca reconstruir cómo se concretó la transacción desde su origen.

En ese sentido, la Justicia intenta determinar las condiciones en las que se realizó la compra del inmueble, ya que, según consta en el expediente, el departamento habría sido adquirido con un anticipo de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 dólares financiado a un año, sin interés.

Además de Feijoo, también fueron citados los propietarios de la inmobiliaria -que deberán declarar el 20 de abril-, el encargado del edificio, convocado para el 22, y Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni una propiedad en Exaltación de la Cruz.

La investigación continúa con el objetivo de reunir elementos que permitan establecer si el crecimiento patrimonial del funcionario se corresponde con sus ingresos declarados.

Fuente: Agencia DIB

Fuente y Foto: DIB