El respaldo de los gobernadores a la reforma laboral entró en una zona de duda a raíz de la resistencia del ministro de Economía, Luis Caputo a eliminar del proyecto el artículo que rebaja el impuesto a las ganancias, que la senadora Patricia Bullrich por ahora no logra aflojar y obliga a trabajar extra al ministro de Interior, Diego Santilli. Mientras, sectores empresarios y políticos reactivaron la presión para llevar el debate a marzo.
Bullrich había admitido el miércoles, en la reunión con los jefes de bloque de la oposición dialoguista, que Caputo no aceptaba bajar el artículo sobre ganancias, que a los gobernadores les pega vía coparticipación. Un estudio de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos estimó en 3.187 billones en recorte y solo para Buenos Aires implica una poda adicional al congelamiento de transferencia de $casi 400.000 millones.
En aquella reunión la senadora quiso apurar una convocatoria a sesionar para el 14 de febrero, pero sus interlocutores lo rechazaron. Santilli trabaja extra en ese contexto: encargado de convencer a los gobernadores, se sumó ayer de urgencia a una reunión que mantenían Gustavo Saenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) para evaluar el tema. Santilli comenzó a ofrecer otros incentivos, pero la tensión no se despeja.
El gobierno incluso dejó trascender que podría compensar la baja de IIBB con modificaciones en el impuesto al cheque, pero todavía nada es seguro. Además, un elemento de incertidumbre adicional es que le habrían insinuado a algunos gobernadores que primero tienen que dar el sí en el Senado y después llegarían las compensaciones, cosa que por supuesto no cayó bien.
La presión para pospioner el tratamiento
En ese marco, volvió a tomar forma la presión que desde distintos sectores empresariales se vieje ejerciendo para que se postergue el tratamiento del proyecto para después de las extraordinarias. El argumento que es sesionar en período ordinario robustecería la solidez jurídica de lo que se vote.
Uno de los que se pronuncio fue el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, sostuvo que, si bien los convenios colectivos pueden y deben ser revisados, “ no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja ”. Además, advirtió que desarmar el entramado actual sin una instancia de transición “generaría más caos que soluciones en este momento”.
Se sumaron la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), entidad que agrupa a 17 organizaciones representativas de la abogacía laboralista en América Latina, y la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT), que solicitó directamente “el retiro del proyecto y el tratamiento en sesiones ordinarias de uno nuevo que recepte los principios constitucionales”. Otro organismo importante que sentó postura fue la Asociación Argentina de Juristas, expresó su rechazo integral al proyecto de reforma , remarcando que el proyecto “merece el debido tratamiento y consenso”.
Posturas similares surgieron en el ámbito parlamentario. El diputado Germán Martínez, (UxP) sostuvo que “no hay ningún motivo para que la reforma laboral se trate en sesiones extraordinarias sin instancias de trabajo conjunto”. Por su parte, el Gobernador de Córdoba Martín Llaryora enfatizó la necesidad de llevar adelante un debate “fructífero y hacia delante”.
Fuente: Agencia DIB.
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